La Comisión de Garantías de Podemos Baleares reconoció en 2015 «delitos» en la contratación de personal

La posibilidad de que hace un año y medio se pudieran haber producido presuntas irregularidades por parte de Podemos Baleares a la hora de contratar a futuros asesores, en concreto en el Consell de Mallorca, ha salido a la luz este sábado, después de que haya trascendido en las últimas horas un nuevo fragmento de la conversación que mantuvieron en julio de 2015 el entonces presidente de la Comisión de Garantías regional, Pasqual Ribot; el secretario jurídico de dicho órgano disciplinario, Joan Canyelles, y una dirigente expedientada, Carmen Azpelicueta.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015, las principales instituciones de Baleares pasaron a estar gobernadas por tripartitos conformados por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos.

En el caso del Consell de Mallorca, el presidente es el econacionalista Miquel Ensenyat, mientras que Podemos ocupa la vicepresidencia.

«Aquí lo que ha pasado es que en la contratación de personal del Consell de Mallorca, en las entrevistas se han cometido delitos», explicaba Ribot a Azpelicueta hace un año y medio. Según Ribot, el hoy diputado insular de Podemos Iván Sevillano le habría preguntado a una mujer que optaba al cargo de asesora «si hacía cuentas de quedarse embarazada». Para el entonces presidente de la Comisión de Garantías regional, «Iván —Sevillano— es el que ha cometido los delitos prácticamente».

En esa misma línea, Ribot reconocía que a una futura asesora «le puedes preguntar de todo menos eso, con lo cual esto es delictivo». Según Ribot, «si esto va a misa, tenemos que acabar abriendo expediente a todos». En su conversación con Azpelicueta, Ribot reconoció que su propia hija, Aurora Ribot, y el hoy vicepresidente del Consell de Mallorca, Jesús Jurado, habrían estado presentes en la citada entrevista laboral y no habrían dicho nada.

El secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo, ha afirmado este sábado, en relación al contenido de la mencionada conversación entre Ribot y Azpelicueta, que «esos hechos no han ocurrido», en el sentido de que Ribot «advierte de unos hechos que no son ciertos y que no están confirmados por nadie».

Supuesto fraude

Días atrás había trascendido ya que la Comisión de Garantías de Podemos Baleares habría propuesto en 2015 encubrir un presunto «delito» de un dirigente de la formación, quien al parecer estaba buscando «sistemas de obtener DNI's de personas» en el marco de las primarias que debían decidir quién sería el cabeza de lista en las elecciones al Consell de Mallorca en mayo de aquel año. Ese presunto encubrimiento se habría llevado a cabo para no acabar «todos en los tribunales». Así se lo desveló en julio de 2015 Ribot a Azpelicueta.

Hasta este mes de enero, sólo se conocía una parte de las irregularidades que se cometieron en aquellas primarias celebradas para elegir la candidatura de Podemos al Consell de Mallorca. El aspirante oficialista, Jesús Jurado, se impuso en dichas primarias por sólo 17 votos de diferencia —535 frente a 518— a la candidata del sector crítico, la citada Carmen Azpelicueta. Previamente, habían quedado fuera del recuento definitivo 328 sufragios, al haber detectado una empresa contratada por Podemos que todos esos votos habrían sido emitidos desde un único ordenador.

Ese supuesto fraude se atribuyó al entonces dirigente del partido Leonardo Ferreira, que optaba a ocupar una posición de salida en las listas del Parlamento balear y que negó esas presuntas irregularidades. Ferreira habría dicho que sólo quería ayudar a votar a conocidos. Aun así, fue forzado a abandonar Podemos. En ese contexto, Azpelicueta presentó un recurso en el que pedía un nuevo recuento. Dicha petición no sólo no fue aceptada por el citado órgano disciplinario, sino que además se optó por abrir un expediente a la propia Azpelicueta por su supuesta vinculación con el mencionado fraude, algo que finalmente no se pudo demostrar. En cualquier caso, a Azpelicueta se le anularon ocho votos procedentes de familiares suyos, que habrían emitido su sufragio a través del mismo ordenador.

Poco después de que se le hubiera abierto el expediente a Azpelicueta, tuvo lugar en julio de 2015 la conversación en la que el entonces presidente de la Comisión de Garantías regional le desveló a Azpelicueta cuál habría sido la actuación supuestamente fraudulenta de Ferreira que, a su juicio, no se podía hacer pública.

«Lo que estaba pasando era que Ferreira estaba buscando sistemas de obtener DNI's de personas. Puso un contador de DNI's en una página web, que detectamos y se la hicimos quitar enseguida. Después organizó una reunión en Muro —municipio mallorquín— para crear un círculo de inmigrantes allí. Todo esto nosotros lo íbamos informando a Madrid», explicaba Ribot a Azpelicueta hace un año y medio.

Azpelicueta le preguntó entonces a Ribot por qué, metafóricamente hablando, no le había cortado «la cabeza» a Ferreira. «Para parecer más plurales y transparentes y para no joder a la gente y tal», respondió Ribot. En esa misma línea, añadió: «Porque esto es un delito realmente. Ferreira estaría en la cárcel. Y esto fue lo primero que yo dije a todo el mundo desde el primer momento. Hay que llevar esto de forma tal que no acabemos todos en los tribunales».

Según Ribot, la única persona que se habría opuesto a esta actuación supuestamente arbitraria de la Comisión de Garantías regional habría sido la diputada autonómica Montserrat Seijas: «Y Seijas no, y legal, y legal, y legal, y legal». Paradójicamente, Seijas y la presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, han sido expulsadas recientemente del Podemos por una presunta «vulneración del código ético» del partido en relación a otro asunto. Ambas diputadas, representantes del sector crítico, eran ya cuestionadas por Ribot en julio de 2015. «Seijas y toda esta tropa, lejos, y Xelo también, por supuesto», afirmó entonces.

Expulsión de Huertas y Seijas

Posteriormente, en noviembre del pasado año, Huertas y Seijas fueron suspendidas cautelarmente de militancia por haber amagado, en un chat interno, con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del militante Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. La Comisión de Garantías regional de la formación morada había sido la que había informado del caso al órgano equivalente estatal.

El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos y también del Grupo Parlamentario, a pesar de que finalmente las dos votaron a favor de los Presupuestos, al igual que sus ya excompañeros de partido. Ambas diputadas han venido reiterando que su expulsión sólo obedecería al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional.

Cabe recordar que la pasada semana se había filtrado ya a los medios la primera parte de la conversación mantenida hace un año y medio entre Ribot y Azpelicueta, en la que también participó el citado Joan Canyelles. A lo largo de la charla, Canyelles se comprometía a encontrarle un trabajo a Azpelicueta y a cerrar su expediente a cambio de su silencio —«si eres buena niña»— y de su apoyo a la dirección, algo a lo que Azpelicueta pareció acceder.

En un momento de dicha conversación, Canyelles dio a entender que Jarabo conocía este caso concreto y que incluso habría dado su aprobación para el cierre del expediente de Azpelicueta a cambio de su silencio. Sin embargo, el secretario de Organización autonómico, Alejandro López, afirmó el jueves de la pasada semana que Canyelles habría actuado sólo a título personal, recalcando además que «Alberto Jarabo evidentemente no sabía nada de esto ni tiene nada que ver».

Tras la dimisión de Canyelles el pasado 5 de enero, que supuso la disolución automática de la Comisión de Garantías regional, Azpelicueta fue suspendida cautelarmente, dos días después, de sus responsabilidades en el Consejo Ciudadano por parte de la dirección de Podemos Baleares. Además, ese mismo día los actuales dirigentes de la formación morada en el Archipiélago pidieron formalmente a la Comisión de Garantías estatal que iniciase una investigación para conocer los pormenores de este caso.

En el comunicado en donde la dirección de Podemos Baleares informaba de todas esas circunstancias, aclaraba que al estar ahora ya disuelta la Comisión de Garantías regional, no era posible formalmente la dimisión de Ribot, a quien en cualquier caso se le ha abierto también un expediente, junto con Canyelles y con Azpelicueta.