Comienza el juicio contra los etarras que presuntamente atentaron en Madrid en 2005

La Audiencia Nacional juzga a partir de este miércoles a los dos etarras que presuntamente hicieron estallar un coche bomba la mañana del 25 de mayo de 2005 en la esquina de la madrileña calle de Rufino González con la de Alcalá, en el barrio de San Blas. La explosión dejó 46 heridos de diversa gravedad, entre ellos 14 agentes de la Policía, además de causar cuantiosos daños materiales.

Por estos hechos Liher A.R. y Alaitz A. J., como así se llaman los presuntos terroristas, se enfrentan a penas que alcanzan los 718 años de prisión. El Ministerio Fiscal los acusa de delitos de estragos terroristas y de tentativa de atentado terrorista, 14 de ellos en su modalidad agravada debido a que parte de los afectados eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según explica la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, la noche del 24 al 25 de mayo los dos etarras se dirigieron a la localidad madrileña de El Escorial para robar un vehículo en el que colocar la carga explosiva «con el fin de cometer un atentado en Madrid». Tras forzar la cerradura de un coche se desplazaron a la localidad de Valdemorillo, «donde prepararon y depositaron en el maletero un artefacto de entre 18 y 20 kilos de una mezcla explosiva compuesta, entre otros elementos, por clorato y sodio».

Hecha esta operación, condujeron el vehículo hasta el número 4 de la calle Rufino González, donde lo aparcaron «con el fin de causar el mayor daño material posible y ocasionar la muerte o lesiones a las personas que se encontrasen en el lugar de los hechos o en sus inmediaciones».

Aproximadamente cuarenta minutos antes de la explosión, en torno a las 8.45 de la mañana, un comunicante anónimo llamó en nombre de ETA al diario donostiarra Gara alertando de la colocación del coche bomba, si bien no informó sobre su matrícula ni sobre la altura de la calle en la que se encontraba. Pese a ello, la Policía pudo acordonar la zona y evacuar a buena parte de los presentes.

Pasadas las 9.30 de la mañana la furgoneta explotó. Una columna de humo se levantó en torno al edificio Aragón, uno de los más perjudicados por la deflagración, al tiempo que una veintena de coches resultaban afectados, algunos completamente calcinados. Por estos hechos el Ministerio Público solicita a los acusados una indemnización mínima 677.000 euros.