La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional al hermano del expresidente Ignacio González

El hermano del expresidente regional Ignacio Gonzále z, Pablo González, no evitará la prisión provisional decretada por la Sala de lo Penal de la Audiecia Nacional a menos que satisfaga la fianza de cuatro millones de euros que el tribunal le impuso por su presunta participación en las actividades delictivas que dieron lugar a la operación Lezo.

Así lo ha acordado este martes la Audiencia Nacional, que ha desestimado el recurso que la representación procesal de González formuló contra el auto que decretó la medida cautelar al entender que existe el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia y de que proceda a la destrucción de pruebas.

Los abogados de González, director de Operaciones y Estrategias de Mercasa hasta su cese tras el estallido de la operación Lezo, denunciaban, entre otras cuestiones, que no se tuvieron «en cuenta los datos de arraigo y de inexistencia de destrucción de pruebas», que vendrían motivados por la situación de «sus tres hijas que comparten su domicilio familiar, la situación de paro de su esposa y una de sus hijas, del contrato de arrendamiento de su vivienda y de haber sido despedido de Mercasa».

En la resulción del recurso, el tribunal tumba los argumentos del hermano del expresidente regional, al entender que si bien es «indudable» su arraigo personal y familiar, la cantidad de indicios que le incriminan en la operación justifican la pertinencia de la medida.

Además, la representación de González había solicitado una rebaja de la fianza impuesta para eludir la prisión provisional, fijada en cuatro millones de euros -la más alta junto con la de la exdirectora del Canal Gestión, María Fernanda Richmond-, si bien el tribunal desestima sus pedimentos al considerar que «es necesario conocer con más detalle el alcance de las actividades delictivas» porque de determinarse que hubo apropiación ilegítima de los fondos del Canal de Isabel II «el montante necesariamente debe ser muy elevado».

Hay que recordar que Pablo González está siendo investigado por los delitos de cochecho, prevaricación, fraude, malversación y organización criminal. En el auto que acordó su ingreso en prisión provisional, el magistrado Eloy Velasco apuntó a que este se había reunido con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaba siendo investigado, si bien Nieto respondió en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que se estaba tergiversando el sumario y que jamás se produjo ninguna injerencia.