Una alto cargo de la Generalitat pide que el catalán sea obligatorio en los tribunales
Patrícia Gomà (ERC), en el puesto pese al 155, lo pidió ayer en una nota de la Consejería
La utilización del catalán en la administración de Justicia sigue siendo minoritaria -un 8,2% de las sentencias se redacta en esta lengua-, algo que para la Generalitat de Cataluña tiene una solución: que la utilización del catalán pase a ser un requisito y no únicamente un mérito para el personal judicial que quiera ejercer en esta comunidad. Esta demanda, una reivindicación histórica del nacionalismo , ha vuelto a ser planteada por la Consejería de Justicia de la Generalitat, que ayer denunció la «falta de voluntad del Estado español para proteger los derechos lingüísticos de los catalanes».
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Sin consejero en activo dado el «impasse» político en Cataluña, la Consejería se expresó a través de Patrícia Gomà , secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat. Gomà es exdiputada en el Parlament por Esquerra Republicana. Al igual que ha sucedido en otras áreas de la Generalitat, la aplicación del artículo 155 , por el que es el Gobierno de España el que dirige la administración catalana en ausencia de un ejecutivo catalán efectivo, se vive de manera ajena en la Consejería de Justicia.
Incentivo económico
En la nota dada a conocer ayer, Gomà apunta que «únicamente con una reforma legislativa» se conseguirá revertir el dominio del castellano en la Justicia , denunciando que todas las medidas impulsadas por la Generalitat para conseguirlo -incluida la aplicación de un incentivo económico por la presentación de escritos en catalán por parte de los abogados del turno de oficio- han resultado insuficientes. En este sentido, el incentivo de 14 euros por escrito hecho en catalán que se aplicó durante 2017, este año no se ha podido consolidar por la «situación política que estamos viviendo», denunció Gomá.
Los datos a los que alude la Generalitat corresponden al más reciente informe de los servicios lingüísticos de la Consejería, donde se constata que de un total de 224.220 sentencias judiciales en 2017, únicamente 18.346 (un 8,2%) fueron redactadas en catalán. En 2016 fueron el 8,4%. Por demarcaciones, la de Tarragona es donde el porcentaje es menor (3,6%) y la de Gerona en la que es mayor (16%).
La utilización del catalán en la Justicia es un elemento controvertido, y punto de confrontación entre la Generalitat y el estamento judicial. Los sucesivos consejeros de Justicia, en línea con lo reclamado ayer por Patricia Gomà, siempre han defendido que el catalán pase de mérito a requisito . Ante ello, y expresando un criterio que es general entre la judicatura, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, expresaba de manera reciente su oposición a esta medida, que de aplicarse convertiría a Cataluña en un «desierto judicial» debido al escaso número de jueces que eligen ya esta comunidad como destino, añadió.
Por otra parte, y en uno de los pocos casos en los que el Gobierno ha ordenado el cese de un alto funcionario de la Generalitat -más allá de la marcha de las 250 personas de confianza que saltaron con la destitución del Govern-, el Consejo de Ministros aprobará hoy el cese de la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Marina Borrell, tras la intervención del exconsejero de Cultura y prófugo de la justicia, Lluís Puig, en un acto en la delegación del Govern en Bruselas. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a Efe el cese de Borrell, así como el de Agustí Colomines, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, ambas decisiones tomadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155.
