La Justicia catalana impide a los colegios oficiales adherirse a la causa secesionista
Los tribunales señalan vulneración de derechos fundamentales de los colegiados en Cataluña
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC) vulneró varios derechos fundamentales de sus colegiados al firmar, el pasado 19 de septiembre, un manifiesto en defensa del referéndum de secesión ilegal del 1 de octubre de 2017. Así consta en la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona, después de que varios colegiados presentaran la correspondiente demanda.
Esta decisión judicial es la segunda que se conoce en la misma línea –sobre la vulneración de los derechos de los colegiados por motivos políticos–, después de que en diciembre de 2016, varios abogados ganasen una demanda contra el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) por la adhesión de este colectivo al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, impulsado por la Generalitat de Cataluña.
Según la sentencia, firmada el pasado 26 de marzo y a la que ha tenido acceso ABC, que anula el acuerdo de la junta de gobierno del COAC, los rectores de los arquitectos catalanes «invadieron parcelas» de la libertad ideológica y de pensamiento, de la libertad de expresión, del principio de igualdad y del de asociación de los colegiados, ya que el COAC no es una entidad política sino profesional y su «colegiación es obligatoria e imprescindible». En definitiva, «no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión».
La decisión del magistrado –que puede recurirse en apelación ante e l Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) – parte de una demanda de seis colegiados que advirtieron de la ilegalidad de que un colegio profesional suscriba manifiestos o posiciones políticas fuera de su ámbito sectorial, ya que vincula a todo el colectivo. Esto ocurrió con el apoyo del COAC y el de casi un centenar de colegios y asociaciones profesionales en septiembre al referéndum ilegal del 1-O.
Ahora, tras conocer la sentencia del Contencioso-Administrativo, otros profesionales de colegios que suscribieron el manifiesto pro 1-O podrían dar el paso y acudir a los tribunales para que se anulen las adhesiones obligatorias. Este es el caso de varios médicos, que según ha podido saber ABC, están a punto de presentar un escrito a los colegios médicos para que anulen la firma de vinculación con la defensa del referéndum ilegal . En caso de que las juntas de gobierno no acepten los requerimientos, serán los tribunales quienes dicten sentencia.
El precedente del ICAB
La nulidad de la decisión del COAC respecto a aspectos políticos no es la primera que se produce en el ámbito judicial. En diciembre de 2016, el TSJC anuló el apoyo del ICAB al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al que se había sumado en octubre de 2013, al considerar que la decisión de la junta de gobierno de este colegio profesional rompía con «la neutralidad ideológica o política que se espera» de una entidad que tiene cierto monopolio para poder ejercer una profesión y, por lo tanto, no permite a sus miembros excluirse de las decisiones de sus rectores.
La sentencia de diciembre de 2016 del TSJC corregía una previa del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona y el ICAB –bajo la junta de gobierno anterior a la actual– la recurrió ante el Tribunal Supremo, que todavía está pendiente de pronunciarse. El TSJC, entonces, como en el caso de los arquitectos ahora, consideró que se habían vulnerados derechos fundamentales de los colegiados (libertad ideológica, libertad de opinión y libertad de asociación).
Este fallo del TSJC sirvió en agosto de 2017 como argumento para el rector de la Universidad de Lérida (UdL), Roberto Fernández , quien defendió que el centro universitario no debía adherirse al Pacte Nacional pel Referéndum, cuyo objetivo era el de dar respaldo a la Generalitat de cara al 1-O. De todas maneras, la decisión final de la UdL pasó por su consejo de gobierno, que rechazo la propuesta de adhesión.
La decisión de la UdL contrastó con la de las universidades Pompeu Fabra (UPF) y Rovira i Virgili (URV), que sí se adherieron a este pacto político.
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