Los empresarios temen la pérdida de inversiones millonarias

Las primeras jornadas en Bolsa tras las elecciones del pasado domingo se están traduciendo en un castigo para la cotización de compañías eléctricas y constructoras y de los bancos. Es decir, para los sectores más regulados o susceptibles de verse afectados por las medidas de nuevos gobiernos formados por candidaturas de unidad popular. Aunque los empresarios consultados por ABC están a la espera de que se cierren los pactos de gobernabilidad en los principales ayuntamientos y autonomías y se den a conocer sus medidas, todos coinciden, eso sí, en pedir que se respeten los proyectos iniciados y el entorno favorable para la inversión creado en estos años. Aunque en algunos sectores ya hay dudas sobre el futuro de algunas inversiones.

Valga de ejemplo que, como ya informó ayer este diario, entre la lista de propuestas de Ahora Madrid está revisar los grandes proyectos urbanísticos diseñados para la ciudad, valorados en 7.000 millones de euros. Se trata de las operaciones Chamartín, Mahou-Calderón, Canalejas, el nuevo centro comercial de Madrid Río, el derribo parcial del Edificio España y la ampliación de la Castellana.

Otra de las propuestas del movimiento liderado por Manuela Carmena es revisar «la legalidad y cumplimiento» de los contratos adjudicados a compañías como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr para la limpieza de las calles y jardines y la recogida de basuras y el mantenimiento de aceras y otras vías «de cara a establecer una estrategia de remunicipalización de los mismos».

En Barcelona, el presidente de Freixenet, Fira de Barcelona y de la Cámaras de España, José Luis Bonet, calificó ayer la victoria de Ada Colau en la Ciudad Condal de «sorprendente» y dijo esperar que «no tenga consecuencias nocivas». Ahora bien, el empresario aludió a una de las principales inquietudes que se palpan en el mundo empresarial ante la victoria de Barcelona en Comú, que es su posible repercusión sobre la continuidad del Congreso Mundial de Móviles (MWC) en la ciudad.

Actualmente está asegurada su presencia hasta 2018, y la ciudad, a través de Fira de Barcelona, ha pedido ampliar el contrato hasta 2023, una oferta que los organizadores de la muestra están estudiando, y sobre la que se confía que contesten en un par de meses. La demanda de Colau de que quiere revisar el acuerdo porque considera que sus beneficios no repercuten en la ciudad en un grado suficiente ha disparado las alarmas, como también su intención de replantearse las subvenciones públicas a Fira de Barcelona. Bonet, prudente, añadió en declaraciones a la ACN: «Nosotros defenderemos el MWC y la capitalidad del móvil, y espero que la alcaldesa Colau se apunte a esta defensa».

Impacto en el turismo

Las victorias de Carmena en Madrid y Colau en Barcelona han causado impacto. La histórica patronal Fomento del Trabajo no esperaba ni 24 horas y emitía el mismo lunes tras los comicios una nota a modo de advertencia en la que alertaba de que la fragmentación política en el pleno de la capital catalana no puede perjudicar la «gobernabilidad» y, por extensión, la economía de la ciudad. Existe en la patronal temor a que «declaraciones o actitudes» de la nueva alcaldesa puedan generar «incertidumbre».

En el fondo de esas manifestaciones hay un temor real a que el futuro Gobierno Colau signifique un freno a la llegada de inversiones, o que incluso se cuestione el papel de un sector tan necesario, como cuestionado por su impacto, como el turístico, que aporta el 14% del PIB de la ciudad. Anuncios como el de la moratoria en la apertura de nuevos hoteles y apartamentos turísticos planteado por BComú -que podría afectar por ejemplo la conversión en hotel de la torre del Deutsche Bank en la Diagonal- generan intranquilidad.

Con todo, en declaraciones a ABC, José Bou, presidente del grupo Empresarios de Cataluña, expone una reflexión compartida por otras voces de la empresa consultadas: «El poder modera, y una cosa es lo que puedas expresar en la campaña y otra lo que haces cuando llegas al despacho y te enfrentas a la ciudad real». Bou señala que Colau tendrá que gobernar apoyándose en otras formaciones -cuenta con apenas 11 concejales sobre un pleno de 41- con lo que intuye un mandato con menos sobresaltos de lo que se podría esperar. «Hará gestos y guiños para contentar a su electorado, pero hay cosas que no las puede hacer. Afortunadamente la ley está por encima», dice.

También se posicionó ayer ayer el Círculo de Economía, que reclamó a las nuevas formaciones que sean capaces de formar gobiernos «estables» y «competentes». Su presidente, Antón Costas, admitió que la irrupción de Podemos en las grandes ciudades puede generar «temor por la inestabilidad», pero que la misma no tiene porque producirse de manera inevitable. Sí reclamó que las decisiones que se tomen no «produzcan ninguna afectación en las expectativas de recuperación y en las inversiones».

Según ha podido saber ABC de fuentes empresariales, solo con las estimaciones de voto y previsiones de cambio algunas inversiones en sectores como el tecnológico ya se habían paralizado, informa María Jesús Pérez.

Sectores regulados

A nivel general hay sectores en el centro de las críticas de estos partidos, como el financiero. De hecho, entre sus planteamientos figura desde negociar con los bancos para que aporten más viviendas a alquiler social hasta dejar de operar con las entidades que se niegen a negociar con las familias que no puedan afrontar la hipoteca, multar a los bancos que tengan pisos vacíos y recuperar locales para usos comunitarios.

Los programas de Ahora Madrid y Barcelona en Común esconden además una subida de impuestos, también para las empresas. Por ejemplo, hablan de recuperar tasas por el uso del espacio público para eléctricas y operadores de telecomunicaciones, dos sectores muy beligerantes en este sentido y que vienen denunciando la carga impositiva que soporta su actividad.

Como fuere, el mayor temor es que la inestabilidad política y algunas medidas se traduzcan en volatilidad en los mercados y por tanto mayores costes de financiación para el país, e inseguridad para las inversiones y una fuga de capitales. Por eso, y según fuentes empresariales, las compañías estarán atentas sobre todo a lo que pueda pasar en las próximas elecciones generales, pues su resultado es lo que sí puede cambiar sustancialmente el rumbo de la política económica nacional y la percepción exterior del país.