Caso del «pequeño Nicolás»: ocho delitos conexos y más funcionarios implicados

Detenido por estafa (dejó sin pagar 530 euros de una cena el jueves). Es el último encontronazo con la Policía de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que sigue paseando su libertad por restaurantes y discotecas de moda y proclamando su inocencia en platós de televisión y redes sociales. El responsable del local no siguió con la denuncia después de que le abonaran la cuenta y él quedó en libertad ocho horas después.

Es un nuevo delito que podría sumarse a los que ya se acumulan en el caso «Nicolay», tres imputados directamente a él -estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas- y al menos otros cinco cuyos autores siguen investigándose y apuntan a funcionarios públicos: dos policías municipales, un guardia civil destinado en Casa Real y el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande.

Sobre ellos constan en las actuaciones varios informes que evidencian cómo facilitaron a Nicolás «información de carácter reservado por el puesto que ocupan y las funciones que desempeñan», y subyace «ánimo de lucro» y supuestos pagos.

Un comisario

Las gestiones policiales pivotan en torno a los delitos de revelación de secretos, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Pero bajo la lupa hay más funcionarios y personas con cargos en la Administración. En los últimos informes entregados por la Unidad de Asuntos Internos al juez la semana pasada aparece también un comisario de Policía Nacional, desde cuyo terminal se realizó una gestión para Nicolás.

Ya en diciembre, esta Unidad pidió al juez el tráfico de llamadas del imputado durante el último año para cimentar ese delito de revelación de secretos. El fiscal se opuso y el juez tampoco se ha pronunciado hasta el momento sobre otras diligencias pedidas por los agentes como la declaración de una treintena de personas que salpican la vida de contactos y supuestas prebendas obtenidas por Nicolás. En esa larga lista aparecen el exministro Moratinos; el secretario de las Infantas, García Revenga; el secretario de Estado de Comercio, García Legaz; la directora de Gabinete del CNI y empresarios como Juan Villar Mir, Catalina Hoffman (con quien asistió a la Coronación de Don Felipe VI gracias al guardia civil destinado en Casa Real) o Arturo Fernández, entre otros. Sobre este último el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, acaba de abrir una pieza separada por un delito de falsedad en documento público tras aportar la Policía un documento en el que se simula un contrato de venta de acciones entre Fernández y Nicolás.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid desmiente dicho contrato fraudulento en busca de inversores para su grupo Cantoblanco. «Hubo una opción de compra de un porcentaje minoritario de Arturo Cantoblanco el 26 de febrero del año pasado, opción que nunca se ejecutó al no desembolsar Francisco Nicolás el importe fijado, anulándose la opción de compra a los pocos días, el 7 de marzo». El empresario ha remitido a ABC el contrato ante notario y aclara que Nicolás visitó uno de sus colegios con un inversor judío. «Desde abril no he vuelto a hablar con él. Me tomó el pelo. A mí y a otros muchos. Me llegó recomendadísimo y además era amigo de hijos de grandes amigos míos», explica. «Me dieron un toque de Casa Real para que tuviera cuidado con él, pero eso fue bastante después. Nunca me pidió dinero».

El juez tiene en su poder esos contratos así como decenas de documentos que fueron intervenidos en el registro de la casa de Nicolás a los que ahora se han sumado nuevos informes con el contenido de los mensajes, imágenes e información encontrados en su ordenador. Estos datos «reveladores», según fuentes del caso, aún no han trascendido.

Tres investigaciones abiertas

El instructor acaba de aceptar la personación de varias acusaciones populares, tras denegarlas antes: la de la asociación Transparencia y Justicia, la de la opaca Organización Impulsora de Discapacitados (OID) y la de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU). Según ha podido saber ABC, también se ha admitido la del Sindicato Manos Limpias, la primera que lo pidió, aunque no se le ha comunicado aún de forma oficial.

No es la única causa que se sigue contra el presunto estafador. La Abogacía del Estado se querelló contra él por injurias a instancias del CNI. El Juzgado número 43 en el que recayó se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional, que está pendiente de pronunciarse sobre la competencia. Hay además una tercera investigación, anterior a ambas y de carácter secreto, abierta por el CNI y tutelada por el juez competente del Tribunal Supremo. El objeto de estas pesquisas es una trama de blanqueo de capitales y estafa en la que participarían, entre otros, abogados y economistas relacionados con Nicolás.