¿Qué son los créditos fiscales y cómo afectan a las cuentas de la banca?

La Comisión Europea investiga si los avales públicos concedidos por España, Grecia, Italia y Portugal a sus bancos para que puedan computar como capital los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) son o no ayudas estatales ilegales.

¿Qué son los activos fiscales diferidos?

Es un apunte contable que bancos y empresas hacen al sufrir pérdidas deducibles o gastos no deducibles, y que les permite compensar esos «números rojos» en el futuro, cuando generen beneficios, pagando menos por el impuesto de Sociedades. Las entidades tienen gastos que reducen sus ganancias pero que no pueden desgravar en ese tributo, de forma que pagan más impuestos. Hacienda les reconoce el derecho a anotarlos y usarlos en el futuro para reducir los impuestos que pagan por los beneficios de los próximos años.

¿Qué gastos no deducibles generan esos derechos?

El principal gasto de las entidades que genera activos fiscales diferidos son las provisiones que hacen para cubrir impagos de sus créditos. Las aportaciones a planes de pensiones para sus empleados y las pérdidas de ejercicios anteriores también les permite anotarse esos créditos fiscales en sus balances para su uso posterior.

¿Por qué es tan importante para los bancos mantenerlos?

La nueva norma internacional de solvencia Basilea III contempla que esos activos no computen como capital de máxima de calidad de los bancos -les da de plazo hasta 2019 para irlos restando poco a poco de su ratio de recursos propios- a menos que puedan garantizar que son activos monetizables. A finales de 2013, y en línea con lo que ya estaba vigente en otros países europeos, el Gobierno español avaló que sí computen como tal aún en caso de no poder aprovecharlos con beneficios futuros porque sean menores de lo esperado. El Estado garantiza con su dinero que las entidades, sea cual sea su nivel de ganancias futuras, compensen las pérdidas y gastos pasados.

¿Qué investiga ahora la Comisión Europea?

Bruselas esclarecerá si esos créditos fiscales son algo exclusivo de la banca o también los pueden usar otras empresas. En caso de que sea un beneficio fiscal único para el sector financiero, el Ejecutivo comunitario podría declararla una ayuda estatal ilegal.

¿Las pesquisas de Bruselas anularán este régimen?

Tanto desde el Gobierno como el sector financiero español creen que la denuncia no implicará ningún tipo de medida perjudicial para España por varios motivos. El primero, que no es un sistema discriminatorio, pues otras empresas como las energéticas y las «telecos» lo están usando. El segundo, que es un régimen que fue negociado con las autoridades europeas y del que estas tenían total conocimiento.