ARtur Mas antes de su declaración ante el TSJC
ARtur Mas antes de su declaración ante el TSJC - afp

Mas se declara «único responsable» del 9-N pero sostiene que fue ejecutado por voluntarios

El presidente, que no ha respondido a la Fiscalía y a la acusación popular, niega que cometiera un delito de desobediencia

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Una declaración breve y la misma y coordinada estrategia de defensa que el pasado martes exhibieron su consejera Irene Rigau y su exvicepresidenta Joana Ortega. Negar que incurrieran en desobediencia, asumir la responsabilidad «política» del proceso participativo del 9-N y… descargar la responsabilidad de la ejecución de la consulta a los voluntarios.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado esta mañana durante una hora y veinte minutos ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la querella por la consulta del 9-N, Joan Manuel Abril. Como ya hicieran el martes Irene Rigau y Joana Ortega, Mas no contestó a las preguntas del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que estuvo acompañado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ni a las de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias.

También adujo el mismo motivo: el cambio de criterio del ministerio público al presentar la querella, ya que la Fiscalía General del Estado instó a presentarla contra el criterio de todos los fiscales catalanes.

Según fuentes judiciales, Mas ha iniciado su comparecencia con un discurso de diez minutos en el que sostuvo que sólo debería dar explicaciones por el 9-N, al ser un acto político. «No entiendo por qué estoy aquí», soltó. Luego, a preguntas del juez, Mas desplegó su alegato, basado en los mismos argumentos utilizados por rigau y Ortega. De entrada, proclamó que es «corresponsable político» de la fórmula original de consulta, que quedó suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) en septiembre, y, distinguió, «único responsable y promotor» del proceso participativo en el que mudó la consulta tras la prohibición del TC del 4 de noviembre. «No hace falta que bajen más. El único responsable del proceso participativo soy yo», declaró.

Mas argumentó que tras la providencia del 4 de noviembre del TC su gobierno analizó las consecuencias jurídicas y se decidió que la administración no interviniera más en la organización de la consulta, que se transformó en «proceso participativo». Para intentar sortear la acusación de desobediencia, el presidente explicó que tras la suspensión del 4 de noviembre, el trabajo previo de la administración ya estaba terminado y «se trasladó la ejecución del proceso participativo a los voluntarios». «Pero no era un voluntariado desasistido», admitió Mas, en alusión, por ejemplo a los ordenadores que el Departamento de Enseñanza facilitó a los voluntarios para gestionar el registro de votantes y el resultado electoral. O a la apertura de institutos para habilitarlos como colegios electorales.

«Nadie actuó para suspenderla»

Asimismo, para reafirmar su tesis de que no incurrió en desobediencia, el presidente catalán recordó que, dos días después de la providencia del TC del 4 de noviembre prohibiendo la consulta, los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron un recurso de reforma ante el Constitucional para que precisara el alcance y detalle de la suspensión, y éste no fue contestado.

Además, Mas señaló que la Abogacía del Estado requirió al TC que precisara a la Generalitat el alcance de su providencia y advirtiera a Mas de que podía incurrir en un desobediencia, pero el TC no estimó la petición.

Mas recordó que el presidente Rajoy afirmó el 7 de noviembre, dos días antes de la consulta, que la misma era una «ocurrencia, no un referéndum». Y que ese mismo día, el ministro del Justicia, rafael catalá, declaró que desde el Gobierno no impedirían un medio de expresión de la voluntad popular. También hizo hincapié en que ni el poder judicial, ni el policial, ni el Gobierno hicieron nada días antes de la consulta, y en la propia jornada de su celebración, para instar a la aplicación de la providencia suspensoria del TC e impedirla. Pese a que varios ciudadanos y entidades ya había presentado denuncias. «Nosotros estábamos expectantes. Podían haber intentado suspender la consulta el día 9 de noviembre, pero no actuó nadie. ¿Y pretenden que el único que estaba obligado a acatar la suspensión del Constitucional era yo?», remachó el “president”.

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