El Gobierno reforma las políticas de empleo y de formación por ineficaces

El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva Estrategia plurianual de Activación para el Empleo 2014-2016, que introduce la evaluación continua y sistemática del impacto de las políticas activas para dedicar los recursos a las medias que demuestren ser más eficaces. Los colectivos prioritarios a los que se dirigirán son los beneficiarios del Plan PREPARA, los parados de larga duración, los mayores de 55 años y los jóvenes.

La Estrategia establece una futura cartera común de servicios del sistema de empleo que deberán ofrecer todas las Comunidades Autónomas para que existan unos servicios mínimos homogéneos en todo el territorio nacional, aunque luego cada comunidad los adapte a sus necesidades y pueda incluir servicios adicionales. Esa cartera común incluye orientación profesional (elaboración del perfil profesional, información sobre tendencias del mercado y oportunidades y asesoramiento para procesos de selección), servicios de intermediación con las empresas para la colocación; formación y cualificación; y asesoramiento para el emprendimiento y el autoempleo. Una comisión evaluará el impacto de las actuaciones llevadas a cabo por cada autonomía en la inserción de desempleados.

Vinculado al cumplimiento de los objetivos se distribuirá un porcentaje cada vez más elevado de los fondos para políticas activas de empleo. El Consejo de Ministros aprobó el reparto entre las comunidades autónomas de los 1.252 millones a que ascienden dichos fondos este año. El 40% de esa cuantía se ha distribuido en función de los objetivos conseguidos por cada una. El año que viene, ese porcentaje se incrementará hasta el 60%. Eso supone que la autonomía que mejor cumple los objetivos recibe más dinero para políticas activas. El año pasado se asignó por primera vez una parte de los fondos -el 15%- ligado a resultados. El resto se distribuye en base a criterios tradicionales para garantizar la estabilidad en la prestación de servicios.

Una de las novedades más importantes es la reforma de todo el sistema de formación para trabajadores, ya sean ocupados o desempleados. En el nuevo sistema que el Gobierno ha negociado con los agentes sociales -estará en vigor a partir del próximo 1 de enero- habrá libre concurrencia para el 100% de los planes de formación. Hasta ahora, su realización estaba muy concentrada en organizaciones empresariales y sindicales; con la reforma los centros privados competirán con los agentes sociales por impartir esta formación que está financiada con subvenciones públicas. Con el fin de facilitar esa competencia, los parados contarán con un 'cheque-formación' y podrán elegir el proveedor del curso. Y todos los trabajadores tendrán una 'cuenta-formación' de su carrera profesional.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros justificó la necesidad de cambiar el sistema de formación por la ineficacia del mismo en aumentar la empleabilidad del trabajador. Según un estudio del ministerio, siete de cada diez encuestados no vieron que aumentaran sus posibilidades de inserción laboral. Sólo el 17% encontró un empleo relacionado con el curso formativo recibido. Los datos del Ministerio de Empleo reflejan también que los cursos de formación que se dan no se ajustan a las necesidades del tejido productivo. En 2012, el 45% de los jóvenes hicieron cursos sobre servicios socioculturales y a la comunidad mientras que sólo el 4,1% hizo un curso de hostelería y turismo y el 9,4% de informática y telecomunicaciones.

Además, Empleo creará una unidad especial para inspeccionar los cursos de formación y se intensificarán los controles para evitar los fraudes que se han cometido hasta ahora en este ámbito, según anunció la ministra Fátima Báñez. Asimismo, se endurece el régimen sancionador de manera que quien cometa irregularidades o fraudes no volverá a ser proveedor de cursos de formación en un periodo de cinco años.