Magdalena Álvarez culpa de su dimisión a la «campaña de acoso» del PP para sustituirla

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez presentó ayer su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras llevar casi un año imputada en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Una situación que, sostiene, no tiene que ver con su marcha, que se debe más bien a una «campaña de acoso» orquestada por el Gobierno central para sustituirla por alguien de la confianza del PP. «Dimito no porque este imputada, sino porque -el presidente- Rajoy y -el ministro de Economía- De Guindos quieren poner a otra persona», dijo haciendo gala de su conocido carácter guerrero.

Desde que se conoció su imputación en el caso de los ERE por los delitos de malversación y prevaricación, el Gobierno se mantuvo al margen a la espera de que se confirmaran las acusaciones, algo que la Audiencia de Sevilla hizo a comienzos de junio. En ese momento, el Ejecutivo apeló a su «responsabilidad» como representante española en una institución europea y el daño que podía hacer esa vinculación con un caso de corrupción, y aunque dijo mantener la neutralidad forzó la votación sobre la marcha de Álvarez en el consejo de dirección del banco europeo.

La juez instructora del caso considera que Álvarez fue una de las personas que, desde su puesto en la Consejería de Economía y Hacienda, entre 1994 y 2004, permitió la implantación de un procedimiento inadecuado para pagar esas ayudas de forma opaca y al margen de cualquier control. Pero en declaraciones ayer a la Cadena Ser defendió su inocencia dado que era el área de Empleo quien se encargaba de gestionar sus partidas e incluso de incluirlas en los Presupuestos. «Yo tenía la misma posibilidad de hacer mal uso del dinero que de matar a Kennedy», aseguró.

Álvarez cargó duramente contra el PP y el Ejecutivo de Rajoy en la entrevista radiofónica donde avanzó su decisión, aunque luego suavizó sus críticas en un comunicado remitido a todos los medios, en el que se limitó a justificar su marcha por «el alto riesgo reputacional» para la institución. Lamentó que los populares hubieran buscado cualquier excusa para sustituirla, porque «es evidente que quieren un 'quítate tú para ponerme yo'», y consideró que magnificar una cuestión de mero funcionamiento interno es hacer «un daño enorme a mi país y al banco», donde aseguró tener todo el derecho para continuar.

Todo tiene un límite

Asimismo, apuntó que los apoyos que ha recibido desde la institución se han obtenido los mejores resultados, algo a lo que ella ha contribuido, hubieran podido favorecerla en la votación. «Pero todo tiene un límite, incluso físico, y la manipulación y acoso del Gobierno no solo hace mella en mi, o en el banco, sino que hace mella sobre todo en España», reiteró.

De igual forma, reprochó que Rajoy defendiera que una imputación no es motivo para apartar a nadie del cargo, algo que sí tratan de hacer con ella, y recordó que una imputación es una garantía procesal de los ciudadanos, «no un castigo o una condena», por lo que expresó su deseo de que el PP «le guarde el sitio» y emplee «la misma virulencia» en pedirle que vuelva cuando se confirme su inocencia.

Mientras el BEI hizo público ayer un comunicado mostrando su «profundo respeto» a la decisión de la exministra y alabando su trabajo en la institución, desde el PP andaluz no tardaron en reprochar que se marche «intentando echarle la culpa a los demás». Partidos como IU o UPyD calificaron su dimisión como «lógico» o «necesario», y aunque expresaron que debería haberse producido antes, «se trata de una medida que reconcilia a la política con la ciudadanía», dijo Cayo Lara.

Desde el PSOE andaluz apoyaron la decisión de Álvarez, basada en la defensa del interés general y no de los particulares. Más duros se mostraron a nivel federal, suscribiendo la tesis de a campaña de acoso del PP.