El presidente del Parlamento eleva una queja al CGPJ por Alaya

En un gesto insólito, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, elevó ayer una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los dos autos de la jueza Mercedes Alaya en los que se pedía investigar el posible conocimiento de la Cámara andaluza de las partidas del caso de los ERE fraudulentos. Gracia considera que «han lesionado gravemente las funciones» del Parlamento y que afectan al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, a la separación de poderes y inviolabilidad del mismo.

Alaya emitió un auto el 3 de marzo en el que ordenaba a los peritos de la Intervención General que informen sobre «qué pudo conocer» el Parlamento «sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales» al margen de la Intervención. Diez días después, acotó su petición a la Comisión de Economía y Hacienda. El malestar en la Cámara fue visible y ahora se plasma en una acción institucional.

El escrito de Gracia está avalado por un informe jurídico del cuerpo de letrados de la Cámara, que no descartaría incluso llevar a la jueza ante el fiscal. Gracia puntualiza que las comisiones «son también Parlamento» y considera «gratuito» el juicio de Alaya respecto a la capacitación de los parlamentarios en la aprobación de la ley de presupuestos. «Los andaluces tienen que conocer que sus representantes, independientemente de la complejidad técnica de los asuntos que tratan, están siempre debidamente asesorados».

Añade que «probablemente, una simple lectura de la ficha anual del programa 31L o la descripción del mismo programa incluida en la Memoria, documentos ambos remitidos año tras año por el Consejo de Gobierno al Parlamento junto con el texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos, haría innecesario el peritaje ordenado». En ellos se indica que el objetivo es «cubrir las necesidades asumidas por expedientes de regulación de empleo, ayudas a prejubilaciones».

Gracia defiende que «un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros». El juzgado de Alaya «carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación, de naturaleza jurídico-penal, sobre lo que pudo conocer, o dejar de conocer, una comisión parlamentaria en el ejercicio de sus funciones». Tampoco la tiene «sobre las opiniones expresadas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, inviolabilidad».