El nuevo precio de la electricidad no entrará en vigor hasta el 1 de junio

El nuevo sistema para fijar el precio de la electricidad, que sustituye a las subastas trimestrales Cesur, se aplicará a partir del 1 de junio, y no el 1 de abril como inicialmente había dispuesto el Gobierno. Ante las protestas de las comercializadoras de referencia, que clamaban por el escaso tiempo con el que contaban para adaptarse a una metodología «muy compleja», Industria ha optado por ampliar el periodo transitorio dos meses más. A partir de ese día, las eléctricas que suministran el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) deberán estar dispuestas para calcular las nuevas tarifas vigentes, que tendrán como base el precio del mercado diario de electricidad, o 'pool'.

Así consta en el nuevo borrador de real decreto que el Ejecutivo remitió el pasado viernes al Consejo de Estado, y que modifica en algunos aspectos el dictaminado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El superregulador consideraba que la puesta en marcha de la nueva fórmula resultaba «compleja» y que requería una «labor informativa dirigida al consumidor». Por ello, pedía que comenzara a aplicarse un mes más tarde.

De momento, el Gobierno ha decidido dar dos meses más de plazo a las comercializadoras. El ministro de Industria, José Manuel Soria, no contribuyó a arrojar luz sobre el asunto, al manifestar ayer que el nuevo mecanismo estará aprobado antes de abril, si bien habrá «unos meses» para la adaptación a la norma. Fuentes del sector siguen considerando que el nuevo plazo sigue siendo «insuficiente». Alguna de las eléctricas afectadas, caso de Endesa, llegaron a asegurar que adaptar los sistemas informáticos de las empresas para una lectura eficaz de los contadores digitales «podría llevar entre 12 y 18 meses». Según se desprende del nuevo borrador -que debe ser valorado por el Consejo de Estado-, los precios eléctricos que regirán hasta el 1 de junio serán los fijados por el Gobierno mediante el real decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre: 48,48 euros por megavatio/ hora (Mw/H), que viene a ser el precio medio en el mercado de futuros de los últimos seis meses del pasado año. Éste es el precio que se aplicará, con carácter transitorio, «en las facturaciones que se realicen con anterioridad a la finalización» del plazo (1 de junio). A partir de entonces, «el comercializador procederá en la facturación inmediatamente posterior que corresponda, a la regularización al consumidor de las facturaciones que, con carácter transitorio, se hayan realizado con aplicación del precio» establecido por el Gobierno. Es decir, que se refacturará la diferencia entre dicho precio (los 48,48 euros) «y el resultante del nuevo mecanismo de cálculo», que supuestamente estará aprobado para el 1 de abril.

Los cálculos dependerán de si el cliente dispone o no de un contador digital (que además tiene que estar preparado para la telegestión). En el primer caso, la facturación se realizará «considerando los valores horarios de consumo». Para el resto, se efectuará «con base a lecturas reales, y considerando los perfiles de consumo» que debe elaborar el operador del sistema, Red Eléctrica.

Se fija el bono social

El nuevo borrador de real decreto también fija el precio de la tarifa de último recurso para los «consumidores vulnerables». Es decir, aquellos que tienen derecho a beneficiarse del bono social. En la actualidad, y a la espera que entre en vigor el real decreto que regula este apartado de la reforma eléctrica, pueden acceder a la bonificación los clientes con una potencia contratada inferior a 3 Kilovatios, los pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad; las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros desempleados. Estos clientes pagan las tarifas vigentes anteriores a la entrada de la TUR en vigor (julio del 2009). El nuevo borrador de real decreto fija un descuento «del 25%» sobre el PVPC.

Sin embargo, la reforma eléctrica introduce elementos restrictivos relacionados con la renta familiar que reducirán de forma notable el número de potenciales beneficiarios, que en la actualidad se sitúa en unos tres millones.