Otro año pendientes de la jueza Alaya

El sumario de los ERE fraudulentos cumple esta semana tres años y entra en su cuarto año de instrucción sin que se vislumbre una fecha para su cierre, aunque todas las fuentes apuntan a que se está en la recta final. La jueza que instruye la causa, Mercedes Alaya, seguirá acaparando otro año más el foco de la atención mediática y tensión política. Sobre todo si como ella misma se ha encargado de dejar claro en uno de sus últimos autos de 2013, la treintena de cargos políticos a los que acusa de responsables del fraude en la Consejería de Empleo por omisión o acción incluye a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La posible imputación de ambos dirigentes y otros exconsejeros como Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila o José Antonio Viera, condiciona el comienzo del año político y judicial en Andalucía y escuece especialmente al PSOE, cuya nueva dirigente regional, Susana Díaz, se ha marcado como reto una «lucha implacable» contra la corrupción política en las administraciones. Lo afirma en cada una de sus intervenciones como presidenta de la Junta y quienes la conocen aseguran que lo dice convencida. «O limpia, o se la llevan por delante», afirma un dirigente socialista.

La actitud de Susana Díaz frente a la corrupción afrontará su primera prueba de fuego cuando Alaya decida cerrar la pieza política del caso de los ERE, aquella por la que sostiene que en los gobiernos socialistas se «ideó» un sistema-que la jueza cree ilegal- para conceder las ayudas sociolaborales que escapara al control y beneficiara a cercanos y familiares del PSOE.

Alaya ha imputado a una veintena de cargos políticos socialistas de varias consejerías por ello, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, pero también ha 'preimputado' a los expresidentes y cinco exconsejeros que son aforados. Como tales, solo pueden ser imputados e interrogados por un tribunal superior. Si Alaya, como sugiere la Fiscalía anticorrupción, hace una pieza separada de la parte política del caso, esta debería elevarla al Tribunal Supremo, por la condición de diputados nacionales de Chaves y Viera y de senador de Griñán.

La magistrada podría hacerlo sin dilación en pocas semanas. Cuenta con el apoyo del informe de la Intervención del Estado, cuyos peritos consideran que los cargos políticos pudieron evitar el fraude si hubieran adoptado las «medidas necesarias».

Sería la primera vez no ya solo que dos expresidentes puedan ser imputados judicialmente, sino también la primera vez que tantos altos cargos de la Junta podrían verse en el banquillo. En el PSOE reconocen la repercusión que tendría que el Supremo suscribiera la tesis de Alaya. Defienden la inocencia de Chaves y Griñán y confían en que finalmente el alto tribunal esclarezca que el uso irregular del sistema del pago de las ayudas sociolaborales es de índole contencioso administrativa y no penal.

Vaivenes

Aunque teme la repercusión, el PSOE vería con alivio que el caso saliera del juzgado de Alaya, una magistrada de quien desconfían por los «vaivenes» que ha dado al caso y por parecer olvidarse «de quienes, de verdad, crearon la trama, se llevaron el dinero e hicieron cosas ilícitas, unas personas que son las que tienen que pagarlo desde el punto de vista penal y de cualquier otro tipo de responsabilidades», según manifestó el secretario de Organización Juan Cornejo a Europa Press.

La posible imputación de los expresidentes pondría en una situación incómoda al socio de gobierno del PSOE. Izquierda Unida no quiso pedirles responsabilidades políticas en la comisión del Parlamento. Ahora se mantiene prudente. La instrucción dada por el coordinador de la coalición en Andalucía, Antonio Maíllo, es la de «esperar acontecimientos» para pronunciarse.

Pero llegado el caso deberán hacerlo. IU mantiene una discrepancia leal con el PSOE en el seno del Gobierno, pero en el caso de los ERE se siente sin «ataduras». Sus buenas expectativas en las elecciones europeas le obligarán a marcar distancias con los socialistas en este espinoso asunto.

Al PP la llegada al Supremo de los ERE le daría alas. El PP andaluz, que es acusación en el caso, ha insistido desde siempre en la responsabilidad de los expresidentes y exconsejeros y ha tenido en el caso de los ERE su casi única arma política. Para el futuro presidente regional y candidato del PP -a elegir como muy tarde en marzo- la posible imputación de los expresidentes le serviría de plataforma impagable.

Sobre todo para contrarrestar el protagonismo de Susana Díaz. La presidenta andaluza defenderá estar en otra estrategia distinta a la de sus antecesores. El Presupuesto de 2014 incluye por primera vez la obligatoriedad del control antes y después de las transferencias de financiación, el sistema utilizado para el pago de los ERE, que Alaya considera ilegal y por el que ha 'preimputado' a Chaves y Griñán. El Gobierno de Díaz aprobará este mes la anunciada ley de Transparencia, por la que se quiere recuperar la confianza ciudadana en los políticos con medidas más rigurosas de incompatibilidades y conocimiento público de sus bienes patrimoniales. Es una ley pensada sobre todo para contrarrestar la mala fama que los ERE ha dado a la Junta andaluza.