Crece la incertidumbre entre los controladores ante la negociación del nuevo convenio

Entre el «escepticismo» y la «incertidumbre». Así se encuentra el colectivo de controladores aéreos ante las negociaciones que han de comenzar en apenas un mes -la primera reunión será el 21 de enero- con el fin de intentar acordar un nuevo convenio para estos profesionales, envueltos en la polémica años atrás por medidas tan discutidas como las ausencias -plante ilegal para unos, bajas por estrés para otros- que en el puente de la Constitución de diciembre de 2010 ocasionaron un caos histórico en los aeropuertos. Sobre la mesa, la intención del Gobierno de introducir recortes para ajustar más las cuentas de AENA -su deuda aún supera los 12.000 millones de euros-, el ente público que gestiona la red.

Imposible medir el riesgo de que, en caso de no alcanzar un acuerdo, retorne la conflictividad laboral al sector -el último paro sonado fue la huelga de los trabajadores de Iberia, en marzo-, sobre todo por la «voluntad negociadora» que, en público y a priori, muestran ambas partes. No podía ser de otra forma cuando ni siquiera han tenido un primer encuentro oficial para hablar del futuro convenio, que será el tercero de los controladores. El problema es que parece haber ya cartas marcadas de antemano sobre la mesa, sobre todo desde la Administración.

Fueron los responsables de AENA quienes denunciaron el actual convenio -dictado mediante un laudo arbitral en febrero de 2011- el pasado 23 de octubre, un hecho que no pilló desprevenidos a los representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), la organización que aglutina a cerca del 90% de estos profesionales. Lo que sí les «sorprendió» -«y mucho», admiten- es que pidieran la anulación de «todos los capítulos» del acuerdo aún vigente, sin mediar explicación alguna, ni siquiera en privado.

«Es cierto que el laudo fue controvertido e impuesto a ambas partes tras un duro conflicto -explica un portavoz de USCA-, pero no menos verdad es que varios puntos se han demostrado tiempo después francamente satisfactorios para los dos». Por eso, en el sindicato siguen sin comprender porque, si desde AENA y el Ministerio de Fomento se apuesta por el consenso, «se considera que todo es susceptible de cambio -al menos, en teoría-», sin ni siquiera haberlo comentado en los encuentros que vienen manteniendo durante los dos últimos años.

Fruto de esas conversaciones es el reciente acuerdo sobre el reparto de los complementos de productividad, en el que se aceptaron la mayoría de las tesis de USCA -aunque inicialmente las posturas estaban bastante alejadas- para concluir en un modelo muy acorde con la regulación de los principales países europeos. Hechos como éste, junto al «talante negociador» que presumen en la propia ministra, Ana Pastor, les hace albergar «esperanzas de llegar a un buen acuerdo»... por el momento.

Por el contrario, que desde AENA se haya sido bastante reticente para cumplir algunos puntos del convenio -«precisamente aquellos que más nos beneficiaban», apuntan desde USCA-, buscando que fueran los tribunales quienes interpretaran los términos del referido laudo arbitral -obra de Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con el primer Gobierno de José María Aznar-, les hace dudar de las «verdaderas intenciones» que tienen desde la Administración. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el conflicto entre ambas partes por la regulación de los ciclos de trabajo y descanso de los controladores.

Preocupaciones

La posible privatización parcial de AENA -que no afectaría al control de la navegación aérea- no preocupa especialmente al colectivo. Aunque eso es a priori; en la práctica, el ente público sigue inmerso en un proceso de severos ajustes y si bien la segregación de los aeródromos se llevaría casi toda su multimillonaria deuda, también se irían los principales ingresos de una sociedad que depende mucho de las arcas públicas vía Ministerio de Fomento y Presupuestos del Estado.

El convenio actual, que vence a finales de año -puede seguir vigente otros 12 meses mientras se negocia el nuevo-, redujo la jornada de los 2.400 controladores tras bajar su sueldo. El tope anual se establece en 1.595 horas para 2013 (antes eran 1.670), con un salario medio de 200.000 euros frente a los 350.000 anteriores a 2011. Además, se prevé una «reserva activa» (con el 75% del sueldo) para quienes hagan otras funciones.