El grupo de trabajo sobre renta básica parte sin posiciones previas

El pleno del Parlamento andaluz que se celebrará esta semana, último ordinario antes de las vacaciones navideñas, acordará la creación de un grupo de trabajo para establecer la renta básica de solidaridad, uno de los acuerdos pactados entre PSOE e IU en su programa de gobierno cuyo retraso había motivado, la pasada semana, un cierto órdago a la presidenta de la Junta por parte del portavoz de IU, José Antonio Castro.

Dada la enérgica respuesta de Susana Díaz, que respondió que cumplirá «íntegramente» el acuerdo entre los socios, la tramitación parlamentaria se ha agilizado y el grupo de trabajo se va a crear ya en esta semana sin reticencias por parte socialista, cuyo portavoz, Mario Jiménez, ha declarado que se va a llevar a cabo «bien y entre todos». Este espíritu de consenso parece impregnar las posiciones de partida y desde Izquierda Unida se hace hincapié en que no hay ninguna propuesta inicial, para no condicionar el desarrollo del grupo de trabajo y que se facilite el acuerdo entre los representantes de los diversos grupos políticos.

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley sobre la necesidad de la renta social básica para ese mismo pleno, lo que será ocasión para palpar el grado de acuerdo en los puntos de partida. Rosario Soto, parlamentaria popular responsable de la iniciativa, dijo que espera que en el pleno el Gobierno «se retrate» sobre si va a haber o no renta básica, una iniciativa que su partido lleva pidiendo desde el comienzo de la legislatura.

Soto considera que no hace falta crear un grupo de trabajo, sino que se impulse la ley de verdad, ya que dentro de su trámite es posible dar audiencia a los agentes sociales y a los grupos afectados. «Mayor demagogia no cabe», dijo la parlamentaria del PP-A, porque «en estos dos años de Gobierno ya la consejería responsable, que debe ser la de Bienestar Social, ha tenido tiempo de realizar los estudios pertinentes y ver si es o no viable».

¿Consenso? Soto dice que «es lo que estamos pidiendo nosotros y vamos más allá, porque reclamamos una Ley de Servicios Sociales que garantice los servicios básicos de los andaluces, y una Ley de Inclusión, donde se incluye el derecho subjetivo a la renta básica».

La renta básica de solidaridad afectaría a unos 59.000 andaluces, que son los que cobran ahora mismo el salario social, y pretende establecer un ingreso mínimo vital. Esta idea choca con la realidad de una crisis galopante, que hace que los recursos para afrontarla sean escasos, de modo que deberá modularse de acuerdo con el presupuesto. Así, es de esperar que se establezca una progresividad en su desarrollo, según diversos tramos de renta y necesidades familiares, y habrá que ver si se vincula o no a la situación de paro o la búsqueda de empleo.

El calendario que se maneja para la implantación de esta medida prevé que el grupo se constituya en febrero, cuando se reanude el periodo de sesiones. Es probable que forme parte de la comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y que tenga hasta junio para elaborar su dictamen, tras escuchar a los agentes sociales y sectores implicados. Un dictamen que se espera que sea consensuado entre los tres partidos con presencia parlamentaria.

Las conclusiones volverán a pleno, cuando se reanude la actividad de la Cámara, de modo que sean aprobadas a finales de 2014. A partir de ese momento puede ser asumida por el Consejo de Gobierno, que lo apruebe como proyecto de ley o que se tramite desde el propio Parlamento como una iniciativa legislativa. Según el vicepresidente Valderas, estará aprobada antes de que acabe la legislatura.