Rebaja urgente del sector público

El sistema público no da para más y se ve obligado a pagar ahora el engorde desmedido de sus plantillas alimentadas cada año con nuevos efectivos. El desequilibrio en las distintas administraciones, especialmente la autonómica y los ayuntamientos, se regula ahora con una destrucción de plazas sin precedente que reduce empleados en todos los ámbitos. Esa tendencia a crear grandes aparatos burocráticos resulta hoy insostenible, propia de tiempos que no volverán.

Nadie duda de la necesidad de regular las plantillas públicas y velar por la sostenibilidad del sistema, pero sin una hoja de ruta que defina las necesidades principales de los ciudadanos y muestre los desequilibrios, el recorte afecta a todos los ámbitos, incluidos aquellos que prestan servicios básicos. La sanidad y la educación, dependientes del Gobierno andaluz, se encuentran entre los más afectados por esta pérdida de personal. Centros escolares y sanitarios han visto reducirse el número de efectivos en este último año, cuando han sido objeto de nuevos recortes salariales y una merma de sus condiciones laborales.

Este adelgazamiento de choque supone la pérdida de más de 4.400 plazas en la provincia, muchas de ellas en algunos ayuntamientos, que por primera vez han recortado empleos por la vía del despido. Una dolorosa decisión para la bancarrota y las lamentables escenas de los impagos de nómina.

Pero la regulación llevada a cabo no ha sido suficiente y el sistema tendrá que seguir adelgazando. Los últimos datos desvelan el enorme peso que aún tiene el sector público en el mercado de trabajo de Cádiz. Una tercera parte de los ocupados cobra de las administraciones, que siguieron creando nueva oferta de empleo aún cuando la crisis comenzaba a arreciar. Es por eso que hoy toca pagar la factura de aquel derroche, pero hay que hacerlo con cierta reflexión, preservando los servicios básicos y velando por la eficiencia de la función pública, perdida en estos últimos años entre la maraña burocrática.