Atrapados en su vivienda

Ni siquiera llegaron a sentir la alegría propia de cualquier entrega de llaves. «¿Cómo íbamos a sentirla al ver la casa que nos iban a dar?», se pregunta Isabel Zamanillo, mientras mira a un lado y a otro de su vivienda ubicada en el número 25 de la calle Santo Domingo. «Teníamos una casa amplia, donde cabíamos mi marido y mis dos hijos y me han dado poco más de 40 metros cuadrados». Isabel Zamanillo y su marido Rogelio Ramírez llevan dos años sintiéndose atrapados en sus viviendas, perdidos entre la burocracia de la Administración y la gestión privada.

Hace casi nueve años, la por entonces propietaria firmó un convenio de rehabilitación con la Junta de Andalucía. Isabel y Rogelio vivían de alquiler en un piso de la planta baja con sus dos hijos y fueron realojados en el barrio de Astilleros mientras duraran las obras. «Nos dijeron que iba a ser para 18 meses y hemos estado allí seis años y medio», explica Rogelio. «Estuvimos tanto tiempo que al final hasta nos acostumbramos al barrio pese a haber estado casi quince años en Santa María».

La sorpresa vino cuando la trabajadora social citó a este matrimonio para visitar la finca rehabilitada y la vivienda que les habían adjudicado. La sorpresa fue «mayúscula», aseguran, porque «se trata de una casa minúscula incapaz de cubrir nuestras necesidades». Mientras recorre los poco más de 40 metros cuadrados que tiene la vivienda, la incomprensión aparece en su cara. «En el dormitorio de matrimonio apenas tenemos sitio para guardar cosas, pero la peor parte se la han llevado mis dos hijos». Isabel entra y no habla sólo de la presencia de varias manchas de humedad en el techo y en las paredes, «aunque en la Junta me dicen que no es humedad, si no condensación». Isabel se detiene frente a la litera en la que duermen sus hijos de 17 y 24 años. «El cuarto tiene siete metros cuadrados por lo que no hemos podido hacer otra cosa que poner las literas. Y aún así no caben porque no son dos niños, son dos hombres».

«O lo cogíamos o nos íbamos»

Isabel vuelve otra vez al pasado, a aquella primera visita que hicieron junto a la trabajadora social. «Desde un principio manifestamos nuestra disconformidad con la casa. Les comentamos que necesitábamos al menos tres dormitorios o uno más amplio pero la trabajadora social nos dijo que esto era lo que había, o lo cogíamos o nos íbamos». El temor a perder la vivienda les hizo firmar y desde octubre de 2011 están ocupando una casa «que no corresponde a nuestras necesidades».

El problema con el que se encuentran es que ellos no son inquilinos de la Junta sino del propietario del inmueble. «Nos realojaron por el convenio que firmaron pero desde la Administración nos dicen que los problemas debemos solucionarlo con el propietario. Y el casero nos dice que está atado de pies y manos y que no pudo hacer nada a la hora de adjudicar las viviendas». Critican que se da la circunstancia de que entre las familias realojadas por la Oficina de Rehabilitación, «hay un matrimonio al que se le ha facilitado un dúplex con tres dormitorios en la misma finca», por lo que no entienden cuáles han sido los criterios a la hora de designar las casas. «Ellos sólo son dos personas mientras que a nosotros, que somos cuatros, se nos instala en una vivienda con dos dormitorios tan pequeños que a duras penas se pueden colocar unas literas».

Isabel y Rogelio llevan dos años pidiendo explicaciones. «Hemos pedido una reunión con el delegado de Fomento y Vivienda pero ni siquiera nos han contestado. También escribimos al Defensor del Pueblo Andaluz que nos pidió la documentación. Se la enviamos en junio y desde entonces la respuesta es que está en trámite». Han golpeado a todas las puertas. «Somos buenos vecinos, en los quince años que vivimos aquí nunca dimos un problema ni dejamos de pagar».

La situación ha llegado hasta afectarles personalmente. Rogelio lleva tres semanas de baja por depresión. «Estás aquí y sientes que no te puedes ir pero tampoco quieres estar». La marcha tampoco es una opción: «al ser inquilinos antiguos tenemos un alquiler asequible que podemos permitirnos». La única opción que se les ha planteado es esperar cinco años a que una de las familias que ahora están realojadas. «Pero nosotros tenemos el problema ahora y en cinco años no sabemos qué puede pasar». Isabel y Rogelio han perdido la esperanza de volver a sentir que están en su hogar: «Pero aún así seguiré luchando por mis hijos y porque tengan una vivienda digna».