El fiscal rechaza el recurso de la Junta contra la imputación de Magdalena Álvarez

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra el auto en el que la jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude durante una década en Empleo, imputó a 20 cargos y exaltos cargos de la administración autonómica, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez. En su escrito, realizado a petición de la jueza instructora, la fiscalía se opone a que se aplace la citación a declarar como imputado del exinterventor general Manuel Gómez, también solicitada por el recurso y prevista para el próximo jueves día 25.

La Junta en su recurso argumenta indefensión de los imputados porque el escrito de la jueza del 28 de junio no especifica los delitos por los que se les cita pese a lo avanzado de la investigación y carece, por tanto, de motivación. También acusa a la jueza Alaya de extralimitarse en sus competencias y «subvertir» el estado democrático al poner en entredicho las leyes de presupuestos e imputar a quienes los hacen por recoger el procedimiento de transferencia de financiación para pagar las ayudas sociolaborales, juicio que, en opinión de los letrados de la Junta, compete dirimir al Tribunal Constitucional.

El fiscal llama la atención de que solo la Junta de Andalucía, que es acusación particular, sea la que recurra y no ninguno de los imputados. La Junta justificó su recurso ante la sospecha de que los imputados aguardarían al juicio oral para impugnar la imputación por falta de motivación, lo que anularía todo el proceso y la administración se quedaría sin recuperar el dinero defraudado.

El fiscal no lo ve así. Cuestiona que podría haber más indefensión si se relatan los hechos antes de que los acusados respondan sobre ellos con asistencia de abogado y contestando o no a las preguntas de jueza, abogados y fiscales.

Respecto a la polémica sobre la legalidad o no de las transferencias de financiación, el fiscal se coloca del lado de la jueza. «La hipótesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilización de tales figuras, sí, pero de su 'uso perverso', de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron».