El interventor pide a la Junta que pague su defensa

El ministerio público cree que la jueza Alaya no debe retrasar la citación del exinterventor Manuel Gómez, persona clave en la investigación de las posibles responsabilidades políticas del caso, ya que dijo haber remitido a las consejerías de Empleo y Hacienda hasta 15 advertencias de irregularidades sobre el uso de la transferencia de financiación. El fiscal recuerda que ya pidió a la jueza que pusiera fecha a la citación de los imputados para evitar su indefensión, dado que la magistrada ha tardado en ocasiones hasta dos años y medio en tomar declaración a algunos imputados. Por ello, entiende el fiscal que es de «lógica consonancia» rechazar la petición de la Junta de aplazar la declaración hasta que la Audiencia se pronuncie sobre el recurso.

Manuel Gómez ha solicitado a la Junta que sufrague los gastos de su defensa, siendo el primero en acogerse al reglamento que permite a los funcionarios y cargos en ejercicio este derecho. La Junta no se ha pronunciado todavía, pero deberá hacerlo antes del día 25 si Alaya mantiene la citación al exinterventor, lo que parece factible una vez que el fiscal le da la razón.