La Fiscalía pide a Alaya que ahonde en los pagos a los sindicatos

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desvelaron que los entornos de los sindicatos CC OO y UGT recibieron de las mediadoras de los expedientes de regulación de Empleo (ERE) investigadas por fraude al menos 7,6 millones de euros del dinero que desviaron como comisiones, según se ha sabido tras levantarse el secreto del sumario. Ahora la Fiscalía anticorrupción insta a la jueza instructora, Mercedes Alaya, a que ahonde en esta línea de investigación sobre el papel de dichas centrales sindicales en la trama que orquestó un sistema para hacer negocio ilícito con el dinero destinado en los Presupuestos andaluces a empresas en crisis y parados desde 2001 a 2010.

En una diligencia remitida ayer a Mercedes Alaya, los fiscales anticorrupción Enrique Egocheaga Cabello y Manuel Fernández Guerra instan a la jueza a ordenar a la UCO profundizar en la investigación de sindicatos o empresas relacionadas con estos y de los despachos de asesores «con el objeto de avanzar la investigación». Detalla el escrito que la UCO debe aportar la relación de las entidades y empresas perceptoras de dinero, con indicación de NIF y domicilio, entidad y justificantes documentales de los trabajos remunerados, incluido duración, lugar, periodo y personal empleado. También solicita a la Agencia Tributaria las operaciones que conste en sus bases de datos entre dichas entidades y empresas y todas aquellas sociedades que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas.

La Guardia Civil desveló la figura de las sobrecomisiones al poner el foco en las mediadoras que intervinieron en la tramitación de los ERE investigados en principio por la inclusión de intrusos en la lista de prejubilados. Fue entonces cuando destapó la trama orquestada entre las mediadoras -principalmente Vitalia y Uniter-, despachos de abogados como el de Villasís, el 'conseguidor' Juan Lanzas y el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero para desviar dinero de los ERE.

Uniter y Vitalia fueron las que llevaban la parte más jugosa del pastel. Diversos informes recogidos en el sumario destacan como las comisiones que cobraban Vitalia y Uniter, las dos entidades de cabecera, eran desde el 18% al 20%, muy superiores a la media de mercado. De esta forma, llegaron a recibir hasta 34 millones de euros de fondos públicos (21 Vitalia y 13 Uniter). La Guardia Civil, no obstante, calcula en al menos 50 millones de euros los desviados en sobrecomisiones.

Para los investigadores, es llamativo que sea la propia Junta de Andalucía la que, al pagar a las aseguradoras para que abonen las prejubilaciones a los trabajadores, les ordena que paguen comisiones por encima de la media a las intermediarias. Y citan un escrito del que fuera director de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, instando a que «paguen lo que las mediadoras indiquen».

Estas sobrecomisiones era un dinero de ida y vuelta, bien en favores (inclusión de intrusos supuestamente indicados por Guerrero y Lanzas, entre ellos la suegra del primero y la esposa del segundo) o dádivas a estos con ingresos en sus cuentas y sobres con dinero y supuestamente a otros posibles cargos de la Administración andaluza sin identificar aún.

Para el cobro de este dinero irregular y su posterior blanqueo, los investigadores constataron que Vitalia, por ejemplo, creó un complejo entramado de empresas pantalla al frente de las cuales incluso llegó a colocar como testaferro a un indigente magrebí que fue a presentarse en las oficinas del grupo en Barcelona exigiendo el dinero prometido «o no firmaba más papeles», según relató una trabajadora.

Indigente magrebí

Pero el sumario también desvela que el dinero desviado de sobrecomisiones por Vitalia y Uniter pudo haber ido a parar al «entorno» de los sindicatos UGT y CC OO, en total 7,6 millones de euros. La Guardia Civil advierte de que la cantidad podría ser mayor pues hay años en los que no se ha podido investigar. Añade que en el caso de la faja pirítica de Huelva, responsables de UGT y CC OO llegaron a pedir dinero a las aseguradoras por el alto coste que habían tenido en manifestaciones, asambleas y reuniones relacionadas con el conflicto que luego desembocó en un expediente de regulación de empleo (ERE). Uniter les facturó 160.000 euros a cada sindicato por «asesoramiento».

Frente a estas revelaciones, las centrales sindicales negaron ayer rotundamente haberse financiado de forma fraudulenta con los ERE . «CCOO no tiene ningún tipo de financiación ilegal con los ERE , por lo menos hasta lo que conocemos», defendió el secretario de Estudios de la central, Rodolfo Benito. E incidió en que el sindicato es una «organización transparente». En la misma línea, el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, consideró que su organización había «cumplido con su misión» en los ERE y que no ha recibido dinero ilegalmente en este proceso ahora investigado.