Manos Limpias se alinea con el juez para imputar a la infanta Cristina

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el 'caso Nóos', se convirtió ayer en el primero de los actores jurídicos de la causa que se alinea con el juez instructor, José Castro, y reclama que la infanta Cristina sea citada a declarar como imputada.

El autodenominado sindicato de funcionarios no solo coincide con Castro en que en el sumario hay indicios bastantes como para tener que aclarar si la hija del Rey colaboró o fue cómplice de su marido en los negocios presuntamente ilegales de la fundación que dirigía junto a su socio, Diego Torres, sino que piensa que hay al menos tantos elementos que la incriminan en los presuntos delitos como los que llevaron a imputar a cualquier de los demás encausados en la instrucción.

En la postura diametralmente opuesta están la Fiscalía Anticorrupción, que fue quien paralizó con su recurso la citación como imputada que el instructor hizo a Cristina de Borbón para el próximo día 27 de abril, y la Abogacía del Estado, que el jueves se adhirió a la impugnación del Ministerio Público. Ambos creen que en la causa no existen indicios que permitan sospechar la implicación de la hija del Rey en las operaciones privadas de su marido.

Manos Limpias, en su escrito de alegaciones, resta autoridad a los argumentos con los que los dos acusadores públicos se oponen a la imputación de la infanta, porque dice que ambos son órganos jerárquicos que en última instancia dependen del Gobierno, razón por la que «muestran su apoyo a la institución monárquica».

Una vez se pronuncie la cuarta de las acusaciones, el Gobierno balear, Castro remitirá el auto de imputación, el recurso del fiscal y las alegaciones a la Audiencia Provincial de Palma, que, tras una vista que celebrará en mayo, determinará si doña Cristina debe ser imputada.

El juez instructor también remitió ayer a todas las partes el escrito por el que Manos Limpias reclama que se le retire a Urdangarin el pasaporte y se impida su salida de España para evitar una posible fuga si logra un contrato en Catar. Las partes tienen diez días para transmitir al juez su parecer -el fiscal se opone- antes de que Castro tome una decisión.