El PP descarta un recurso al decreto contra desahucios y espera mejorarlo

Al Partido Popular no le gusta nada el decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado por el Gobierno de Griñán con expropiaciones y multas a los bancos. Considera incluso que hay dudas de sus garantías jurídicas. Pese a ello descarta por ahora presentar un recurso a los tribunales o al Constitucional a sabiendas de la impopularidad que podría acarrearle. El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, manifestó ayer de forma clara que no está en la agenda política de su partido un recurso. «No hemos contemplado ese escenario, sino el de mejorar el texto en el trámite parlamentario». Se refiere a que el decreto pasará a convertirse en ley en el Parlamento, donde los grupos políticos podrán presentar enmiendas para su reforma.

La prudencia con la que el PP andaluz se pronuncia sobre el decreto de la Junta obedece a la materia sensible de la que trata. Cada día se producen numerosos desahucios por impago de créditos a los bancos y hay una plataforma nacional con bastante eco mediático para denunciar el drama de muchas familias al verse desalojadas de sus viviendas. Al parecer en la dirección del PP nacional hay una tensa discusión sobre ello, según algunas fuentes. El sector político del PP, con Javier Arenas al frente, es reacio a la medida porque podría acarrearle pérdida de apoyos en Andalucía, donde las encuestas ya llevan meses castigándole por los recortes del Gobierno. De ahí la prudencia de Zoido, a la espera de que el Gobierno decida una iniciativa que contrarreste el decreto andaluz.

No es la primera vez que lo hace. Cuando el Supremo sentenció a favor del impuesto a los bancos que Extremadura y Andalucía habían puesto en marcha, el Gobierno de Rajoy introdujo una modificación de la Ley Tributaria para eliminar la tasa autonómica. Incluyó un gravamen del 0% en todo el territorio a los depósitos bancarios, aunque la medida le obligaba a compensar a las autonomías con el impuesto. Algo parecido puede hacer ahora con las sanciones a las casas vacías, según admiten en la Junta.

Por ahora, el PP y el Ejecutivo de Rajoy minimizan los efectos del decreto andaluz porque, en su opinión, no aporta gran cosa a la norma estatal. Zoido considera que el decreto andaluz es una «mala copia» de las medidas del Gobierno y defendió que ha sido este, y no Zapatero, el que ha resuelto contra los desahucios en situaciones de riesgo social.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el decreto nacional ya paraliza el desalojo de familias en situación extrema durante dos años. «¿Qué añade a mayores?», instó a responder al Gobierno andaluz sobre su decreto si la ley del Estado «ya impide el lanzamiento y lo paraliza inmediatamente sin necesidad de un complejo proceso de expropiación en el que hay que pagar un justiprecio». Sobre este, Sáenz de Santamaría advirtió que la Junta tendrá que justificar en sus presupuestos de dónde sacará el dinero para pagar las expropiaciones. También que la abogacía del Estado estudia con lupa el texto porque hay dudas de su constitucionalidad al afectar a la propiedad privada.

Esta explicación no ha convencido al PSOE, que ha presentado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley Antidesahucios con el texto íntegro del decreto de la Junta sobre expropiaciones forzosas.

«No hay banco que se vaya a la ruina porque durante tres años una familia que lo necesita se quede en su casa y renegocie su hipoteca», afirmó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es más, instó al Gobierno a asumir la enmienda y extenderla por todo el territorio. «Si el Gobierno cree que la fórmula andaluza de Pepe Griñán es una fórmula que tampoco tiene muchas novedades, pues que nos acepten la enmienda y aquí paz y después gloria».