El Gobierno afirma que Mas hace perder «el tiempo y el dinero» a los catalanes

El Gobierno aseguró ayer que la declaración de soberanía que CiU y ERC pretenden aprobar el 23 de enero en el Parlamento de Cataluña, y para la que ahora buscan la complicidad de otros partidos, no es más que una pérdida de tiempo y un brindis al sol.

Soraya Sáenz de Santamaría explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el intento de los socios de legislatura catalanes de anunciar la creación de un nuevo estado en la Unión Europea y de ejercer para ello el «derecho a decidir» es un acto sin sostén alguno en los tratados internacionales, y «mucho menos» en los que regulan las instituciones continentales y en la Constitución española. En resumen, señaló, «lo que están haciendo no se puede hacer».

La vicepresidenta no quiso desvelar la estrategia que prepara el Ejecutivo para neutralizar el reto soberanista de Artur Mas y sus aliados, pero dejó claro que los servicios jurídicos vigilarán cada paso y si consideran que alguna decisión o medida tiene efectos que vulneran la Carta Magna o las leyes «tendrá respuesta». Se impugnarán ante el Constitucional para lograr su nulidad.

Por este motivo, pidió «serenidad» y «reflexión» a todos, especialmente a los partidos soberanistas porque, aunque el Gobierno no quiere todavía inaugurar la etapa de las amenazas, ya anticipa que «cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes». Y en tono más severo avisó: «No existe legitimidad sin respeto a la legalidad».

La portavoz del Ejecutivo dio a entender que tensen lo que tensen la cuerda los partidos independentistas, ya que la inminente declaración de soberanía no es más que el comienzo de un camino que debería culminar en 2014 con la consulta, no van a lograr ninguno de sus objetivos. Es más, vaticinó que «algunos», en referencia al presidente de la Generalitat, van a tener que explicar «políticamente» a los catalanes, en especial a los parados, «por qué gastan su tiempo y su dinero» en priorizar iniciativas «en muchos casos inconsistentes e incoherentes» y no en diseñar y sacar adelante políticas que permitan superar la recesión económica.

En este punto no dejó de recordar que CiU, que tanto apela a la voluntad ciudadana, sufrió «un fracaso político», en «votos y escaños», cuando sometió a las urnas en noviembre su proyecto secesionista.

Sáenz de Santamaría, en sintonía con la línea que ha impuesto Mariano Rajoy, mantuvo la oferta de mano tendida a Mas para tratar de reconducir la situación mediante la negociación y el diálogo. No obstante, en este punto también marcó la línea roja cuando puntualizó que «el Gobierno lo que no puede es negociar sobre la Constitución, que es propiedad de todos los españoles». Para lo demás, ofreció «la voluntad más amplia de diálogo, colaboración y cooperación institucional».

Sin apoyos

CiU y ERC pueden quedarse solos con su propuesta de declaración de soberanía. Aunque otras fuerzas, Iniciativa per Catalunya, CUP e incluso el PSC, concurrieron a las elecciones con programas que avalaban el derecho a decidir, el elevado tono soberanista del texto aleja, de momento, a socialistas y ecosocialistas de suscribir la proclamación. No así la independentista CUP, con tres diputados, que con toda seguridad acabará por apoyar la resolución.

Las críticas llegaron incluso desde dentro de CiU. «Ha sido un error» que CiU y ERC hayan difundido el texto que han pactado «sin consensuar» antes el tema con el resto de fuerzas; Iniciativa y el PSC son «fundamentales», criticó el líder de Unió Democrática, Josep Antoni Duran Lleida.

El PSC, por su parte, reclamó eliminar del texto la alusión al Estado propio para avalar la declaración. «Le sobra el proyecto independentista y le falta calidad democrática», dijo el primer secretario de los socialistas, Pere Navarro. Iniciativa, aunque ve posible su apoyo, considera que el texto es excluyente y aún tiene que negociarlo. El PP quedó fuera de la negociación desde el primer día por su rechazo a la consulta y la presidenta de la formación en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que su partido busca «mecanismos legales y políticos» contra la resolución por considerarla una «declaración de independencia» que es «ilegal y antidemocrática».

Esquerra trató de apagar el incendio y señaló que el texto presentado, que proclama al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano, es un primer borrador de trabajo que busca el consenso de todas las fuerzas parlamentarias que apuestan por el derecho a decidir. El objetivo de CiU y ERC es lograr, al menos, 87 de los 135 diputados que tiene el Parlament y de momento solo disponen de 71, los 50 de CiU y los 21 de Esquerra.