Crisis económica y control financiero

La gravísima crisis económica, que está siendo mucho más profunda de lo inicialmente esperado, recrudecida con el largo y tortuoso camino de la recuperación, se está haciendo tan insoportablemente dolorosa que incluso está llegando a atacar los cimientos del Estado de Derecho, no sin antes poner patas arribas el Estado Social. Es una consecuencia de la estrecha relación existente entre Derecho y Economía. Se suele olvidar que no existe Estado de Derecho sin libertad económica, ni Economía de Mercado sin libertades públicas. Las dictaduras de derecha o de izquierda nunca alcanzaron el desarrollo económico y social de una democracia.

El desarrollo económico y social de España de los últimos treinta años, ha sido espectacular en muchos aspectos, pero lamentable en otros. A estas alturas de la película, nadie podrá negar los excesos cometidos, en mi opinión, por todos casi sin excepción, aunque lógicamente, la responsabilidad de la actual situación está más acentuada en aquellos 'operadores económicos', que en nuestro pasado reciente han desempeñado un trascendente papel en la economía española.

Entre esos 'operadores económicos', que tienen una especial responsabilidad en la actual crisis, están sin duda las entidades financieras, no debiéndose olvidar que en el año 2008, más del 50% de la cuota de mercado del crédito estaba en manos de las cajas de ahorros, fuertemente controladas por partidos políticos y sindicatos. Echarle la culpa a los bancos, siempre es un recurso fácil, y quizás acertado, pero si queremos ser rigurosos, no debemos olvidarnos de las cajas de ahorro ni de sus dirigentes políticos y sindicales.

Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en España es el fuerte endeudamiento público y privado que nos obligan a dotar grandes cantidades de nuestros presupuestos para el pago de la deuda, precisamente en una época de menos ingresos debido a la recesión económica. Esta situación de menos ingresos y enorme endeudamiento provoca la razonable duda de nuestra posibilidad de reembolso, elevando así el tipo de interés (prima de riesgo), incrementándose a su vez, la cantidad destinada al pago de la deuda, entrando en una endemoniada espiral de la que no tenemos más remedio que salir si no queremos incumplir con nuestras obligaciones económicas, cosa siempre poco recomendable, pero que, en términos económicos, supone una auténtica ruina por el descrédito, nunca mejor dicho, que ello acarrea.

Ese enorme endeudamiento ha sido posible por muchos factores, entre ellos, porque el sector público y los ciudadanos en general, hemos cometido el pueril error de creer que la época de prosperidad económica era indefinida, pero también ha sido posible porque, han fallado los rigurosos controles previstos en la Ley por parte del Banco de España y del Ministerio de Economía.

Me referiré a los juzgados y tribunales, muchas veces criticados, pero que en esta ocasión están poniendo las cosas en su sitio, estimando las demandas que los afectados están interponiendo por haberse sentido sorprendidos por su banco al suscribir contratos de enorme complejidad económico-financiera, sin que se le hubiera informado correctamente de la verdadera naturaleza de los mismos, así como del enorme riesgo en que incurrían.

Tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía echan balones fuera, sin embargo, en mi opinión ambos tienen una gravísima responsabilidad en el asunto. En efecto, la Ley de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito, le otorga al Ministro de Economía, en su artículo 48, la facultad de dictar las normas precisas para asegurar que los contratos bancarios reflejen, de forma explícita y con la necesaria claridad, los compromisos contraídos por las partes y los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación. Cosa que no se ha hecho, y si se ha llevado a cabo, ha sido de forma muy deficiente, de ahí, los dolorosos casos de swaps y participaciones preferentes.

Por su parte, el Banco de España tiene la responsabilidad de supervisar e inspeccionar a las entidades de crédito, algunas de las cuales han incumplido la ya citada Ley de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito, que califica como infracción grave en su articulo 4.j «El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al público en general».

Si nos centramos en el mercado hipotecario de la primera vivienda, producto financiero especialmente sensible por su estrecha vinculación con el derecho constitucional a una vivienda digna, por más que ese derecho sólo sea exigible a través de una ley especial que así lo permita, hoy inexistente, pero que no por ello debían haber sido mucho mas escrupulosos en los controles administrativos, ya que por añadidura, la Constitución reconoce en su articulo 39 la protección social, económica y jurídica de la familia, y por ello, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía ante los excesos crediticios, de todos conocidos, sin olvidar unos intereses moratorios verdaderamente escandalosos, no solo deberían haber ejercido sus funciones con la máxima diligencia, sino que además, en el ejercicio de sus competencias, que son muchas y muy potentes, deberían haber dictado las normas correspondientes (Órdenes Ministeriales y Circulares del Banco de España) que pudieran haber evitado las trágicas consecuencias de su omisión.