El Gobierno se desmarca del euro por receta que implantará Madrid

El Gobierno no quiere desatar un conflicto interno en el Partido Popular a cuenta de la inminente implantación en la Comunidad de Madrid del cobro de un euro por cada receta, pero sí busca dejar claro al resto de autonomías regidas por los populares que espera que no sigan el ejemplo marcado por Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre.

Soraya Sáenz de Santamaría se desmarcó ayer con claridad de la nueva medida de copago, pero lo expreso sin hacer sangre y sin desvelar el profundo malestar que provocó el martes el sorpresivo anuncio del Ejecutivo madrileño en muchos miembros del gabinete de Mariano Rajoy.

La vicepresidenta del Ejecutivo se limitó a «respetar» en principio las decisiones de todas las comunidades autónomas, pero no ocultó que el de Madrid «no es nuestro modelo» para la racionalización del gasto sanitario.

«El Gobierno tiene su propio modelo, que no es este, es otro», dijo en referencia al real decreto con el que este verano se implantó en todas las comunidades autónomas el copago de medicamentos por los pensionistas y el aumento del porcentaje de abono del resto de usuarios de la Sanidad, eso sí, proporcional a los niveles de renta y con la exención de pago para los parados sin prestaciones.

Igual trato que Cataluña

Por si no había quedado claro su desacuerdo, Sáenz de Santamaría comentó, ante la insistencia de los periodistas, que «lo único que vemos con buenos ojos (desde el Gobierno) es nuestra reforma, que tiene en cuenta distintos elementos, fundamentalmente de carácter equitativo, y en función de la rentas».

El equipo de Mariano Rajoy, que la primavera pasada puso el grito en el cielo cuando Cataluña anunció el cobro de un euro por receta, tasa que aplica desde junio pasado, no puede ser ahora más comprensivo con Ignacio González. De hecho, la vicepresidencia aclaró tras el Consejo de Ministros que la reacción del Ejecutivo hacia la medida presupuestaria que Madrid implantará a partir del 1 de enero será idéntica a la adoptada con la tasa de Artur Mas.

Se formará una comisión bilateral entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la comunidad para estudiar la ley y comprobar si la autonomía puede haber invadido las competencias exclusivas de regulación básica sanitaria del Estado. Y también, como ocurre ya con la comisión catalana, el Gobierno no descarta pedir al Tribunal Constitucional la paralización y derogación del euro por receta si se determina que el Ejecutivo autonómico se ha extralimitado en sus atribuciones competenciales y no está dispuesto a dar marcha atrás de manera voluntaria.

De hecho, el toque de atención del Gobierno y de la dirección nacional del PP contra la tasa madrileña ya ha dado frutos. Los portavoces de otras regiones o han preferido no opinar sobre la iniciativa madrileña o se han opuesto. La líder de los populares catalanes, pese a no querer criticar a González, insistió en ser contraria a que la tasa se mantenga en Cataluña. De igual manera, los responsables del partido en Castilla-La Mancha, comunidad presidida por la secretaria general del PP, adelantaron que el euro por receta no se aplicará en esta autonomía.

El PSOE, muy al contrario, se opuso a la medida de copago con total rotundidad y no desaprovechó la ocasión para sacar a la luz las contradicciones internas que ve en los populares. El secretario de organización, Óscar López, exigió a Mariano Rajoy que aclare cuál es el modelo sanitario de su Gobierno y su partido -si el del PP catalán o el del PP madrileño- y que diga si el euro por receta se va a implantar en otros lugares. También pidió al presidente que, una vez que lo tenga claro, «ponga orden» entre los responsables de las comunidades de su partido para evitar las desigualdades en la prestación sanitaria pública entre españoles según se su lugar de residencia.