El Plan Especial de La Almadraba aleja al fin la amenaza del derribo de viviendas

El alcalde de San Fernando, José Loaiza, presentó a los representantes vecinales de La Almadraba, encabezados por su presidente, José Cortejosa, el Plan Especial de Mejora Urbana de la barriada. El ansiado documento pondrá fin, de manera definitiva, a años de incertidumbre motivados por las especiales características de la zona y su situación dentro del Dominico Público Marítimo-Terrestre.

Precisamente por la proximidad al borde costero el conjunto de viviendas de La Almadraba, estaban afectadas, en mayor o menor medida, por la Ley de Costas, resultando que muchas de ellas eran consideradas como fuera de ordenación. Con el reconocimiento por parte de la Dirección General de Costas de que la barriada estaba clasificada como urbana en el Plan General de Ordenación de 1987, se ha delimitado una nueva línea de servidumbre de protección que permite excluir total o parcialmente a parte de las viviendas de dicha servidumbre, permitiendo con ello incorporarse a situaciones de legalidad urbanística similares a otras zonas de la ciudad.

En este encuentro, celebrado en la Alcaldía y en el que también estuvieron presentes el teniente de alcalde de Desarrollo de la Ciudad, Ángel Martínez, y el presidente de la Federación de AAVV 'Isla de León', Antonio Romero, se recordó que el documento afectará a las 111 fincas incluidas entre los números 351 y 499 (ambas inclusive) de la avenida del Buen Pastor. En total se trata de una superficie de 33.695 metros cuadrados de los que 14.558 metros cuadrados corresponde al total edificado. El Plan, apuntó el primer edil, reconoce «la calificación residencial para las viviendas existentes fuera de la línea de servidumbre y se regulan sus condiciones de sustitución, promoviéndose de manera paralela la conservación, protección y mejora de las construcciones y del entorno». Para ello el documento realiza distintas propuestas para la mejora urbana de la barriada, tales como completar los servicios urbanos existentes, armonizar la imagen de las edificaciones o mejorar la calidad del paisaje.

Loaiza recordó que el proceso de regularización no costará un solo euro a los vecinos siempre y cuando dejen las casas como están ya que si quieren aprovechar la nueva edificabilidad tendrán que hacerse cargo de las consecuentes plusvalías. Por su parte José Cortejosa también aludió a la satisfacción de ver completado felizmente un trabajo que se inició, no sin dificultades, en el año 2005 cuando Costas recomendó la demolición de las viviendas.