Sociedad

El rompecabezas de la Sanidad

Un consejo asesor comienza a discutir desde hoy si la píldora del día después se puede dispensar sin receta médica Ana Mato y los consejeros debaten esta semana la cartera básica de servicios

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La reunión es una incógnita. La cita es el miércoles, aunque los convocantes todavía no tienen muy claro cuál va a ser el orden del día. Intuyen que las palabras ajustes, recortes y similares circularán por la sala. Y más después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, desgranara los Presupuestos para el próximo año y pusiera en un brete público al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es uno de los departamentos más recortados: se queda en 2.970 millones, perdiendo un 22,6% con respecto a este año. Según el propio departamento de Ana Mato, tres de cada cuatro euros de sus recursos irán destinados al desarrollo de la ley de la dependencia, cambiada de forma radical desde hace unos meses. El resto servirá para reforzar la ayuda al Tercer Sector (125 millones), mejorar la atención integral de las mujeres víctimas de la violencia de género (12,8 millones) y priorizar las partidas destinadas «a la aplicación de la e-salud y la tarjeta sanitaria única para garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de los ciudadanos».

Ante este panorama, los consejeros de Sanidad temen una nueva batería de recortes que el Ejecutivo central pueda plantear -y en algunos casos exigir- en la cita del miércoles del Consejo Interterritorial y que, al final, ellos tienen que explicar al ciudadano. En la reunión está previsto que las regiones sepan cómo va a quedar la cartera básica de servicios para ahorrar 500 millones. Un paquete del que se pueden quedar fuera los tratamientos de fertilidad, los cribados, la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, la genética y los implantes oftalmológicos.

Durante el último mes, unos grupos de trabajo formados por expertos nombrados por el departamento de Ana Mato y las comunidades han detallado la situación actual de estos servicios, «si están obsoletos o si es necesaria la incorporación de nuevos procedimientos», según señalaron fuentes de Sanidad. «Lo que queremos es definir claramente la cartera básica y que sea consensuada por todos los actores del sistema sanitario», añadió hace días el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero. De esta lista se barajó quitar parte de la gratuidad total a las mamografías, algo que incluso Soraya Sáenz de Santamaría ha negado que se vaya a realizar.

Además de la actualización de la cartera de servicios, que sindicatos, partidos de la oposición y sociedades médicas consideran una rebaja de la calidad y la cantidad de los servicos públicos al ciudadano, el Ejecutivo debe determinar qué es el transporte sanitario no urgente y qué parte deberá pagar el usuario. «Se pretende reducir el déficit público introduciendo una nueva tasa que grava la enfermedad y la incapacidad. Afectará fundamentalmente a pacientes afectados de patologías graves que son incapaces de poder acudir a los servicios sanitarios utilizando el transporte convencional por padecer graves limitaciones», aseguró la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Y otro frente abierto en Sanidad es el de la píldora del día después. Al poco de llegar al ministerio, Mato pidió unos informes sobre si era conveniente dar este anticonceptivo sin receta médica, como se hace en la mayoría de los países occidentales. Los trabajos, realizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), no eran «ni concluyentes ni coincidentes». Entonces, Sanidad decidió crear un Consejo Asesor que hoy comenzará a trabajar para tomar una decisión «con criterios médicos y no ideológicos». Este órgano está presidido por el hepatólogo y director del Instituto de Investigación Sanitaria IDIBAPS del Hospital Clínic de Barcelona, Joan Rodés; la vicepresidencia es para Julio Sánchez Fierro, que ya trabajó en el Ministerio de Sanidad durante el anterior Gobierno popular. El resto de los miembros serán «profesionales de reconocido prestigio en el ámbito sanitario».