Los sindicatos cuestionan ante Inspección de Trabajo la «causa económica» del ERE municipal

Los sindicatos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera cuestionaron ayer ante la Inspección de Trabajo que exista una «causa económica» para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) a 273 trabajadores, así como los criterios de selección utilizados por el gabinete jurídico Deloitte para incluir a los empleados en la lista e «indultar» a casi una decena de ellos una vez finalizado el periodo de consultas.

Según ha indicado a Europa Press Alfonso Cárdenas, portavoz de la sección sindical de UGT, durante el encuentro mantenido-que se ha prolongado más de cuatro horas, y al que también han asistido el segundo teniente de alcalde y delegado de personal, Javier Durá, y la consultora Deloitte, como representante legal en la tramitación del expediente-, los sindicatos se han quejado de la «falta de documentación» aportada por el Consistorio en el periodo de negociaciones, pese a sus «reiteradas peticiones» para tener acceso a los presupuestos económicos del presente ejercicio.

Cárdenas aseguró que el Ayuntamiento «se ha limitado a mantenerse en lo dicho hasta ahora», defendiendo que los criterios empleados «son totalmente objetivos» tanto para la inclusión de los trabajadores en la lista de despidos como para los «indultos» realizados entre alegaciones subsanadas y jubilaciones voluntarias de funcionarios de 65 años o a punto de cumplir esa edad.

A partir de ahora la Inspección de Trabajo tiene 15 días para emitir el informe «no vinculante» de un ERE que le fue notificado el pasado jueves «sin acuerdo»; mientras los sindicatos empezarán a trabajar en la demanda colectiva que tendrán que presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Esta reunión se ha producido tras acordar la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado martes, en sesión extraordinaria, trasladar a la autoridad laboral y a los sindicatos el despido colectivo. Asimismo, en la sesión se aprobó dar por finalizado el periodo de consultas tras haber cumplido todos los trámites previstos en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, sin haber alcanzado acuerdo.

El Gobierno ha explicado que tanto la notificación a la autoridad laboral como a los representantes de los trabajadores se ha hecho «cumpliendo el plazo que marca la ley» para la comunicación del despido colectivo. Una vez dado el traslado, es la Inspección de Trabajo la que debe citar a las partes implicadas en el mismo para recabar la información que le sea necesaria para poder emitir su informe conforme al procedimiento administrativo seguido en la tramitación del ERE.