Los partidos se libran del ajuste en la primera entrega de subvenciones

La tardanza en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que por fin entran en vigor esta semana, ha proporcionado un alivio momentáneo a los partidos políticos. El Boletín Oficial del Estado hizo públicas el pasado jueves las partidas correspondientes al primer trimestre del año para que puedan hacer frente a sus gastos ordinarios y de seguridad, y el montante asciende a algo más de 17 millones de euros, una cantidad superior a la que les habría correspondido de regir el recorte del 20% que recoge el proyecto de ley.

Será, aun así, una alegría que durará poco; especialmente, en casa del 'pobre', que en este caso es la del PSOE. De entrada, la 'paga' llega también con retraso si se compara con años anteriores. Pero es que, además, esta semana se aprueba también la reforma de la ley de financiación de partidos que ya fija la cuantía que percibirán a lo largo del año el conjunto de las fuerzas parlamentarias: casi 70 millones de euros (en concreto, 65,8 para su funcionamiento y casi 3,4 para sufragar su protección). De modo que la tijera les llegará sí o sí.

Por barrios

Quienes menos notarán los rigores de la austeridad serán los populares. La holgada mayoría absoluta obtenida en las generales del pasado 20 de noviembre les hace, de hecho, acreedores de casi la mitad de la tarta. De los 17,12 millones correspondientes a enero, febrero y marzo, la formación que lidera Mariano Rajoy se llevó 8,1 millones. Esa es aproximadamente la cantidad que, en el mismo período de 2011 recibieron los socialistas solo para su día a día (sin contar al PSC). Ahora, como consecuencia del monumental descalabro electoral -las subvenciones se distribuyen conforme a los resultados obtenidos en los últimos comicios- la cifra ha bajado a casi la mitad.

El PSOE ya tenía asumido que sus ingresos para este año caerían en torno al 35% en 2012, sin contar el recorte adicional decidido por el Ejecutivo. No en vano, desde que el pasado febrero inició su mandato, la ejecutiva dirigida por Alfredo Pérez Rubalcaba prepara un plan de ajuste que conllevará, y ya lo ha hecho en buena medida, reducción de gastos corrientes (menos coches, menos asistentes, menos dietas...), despidos en el partido y aún más en sus fundaciones y un intento de reestructurar su deuda que, según el último informe de gestión, asciende a 22,6 millones de euros. Pero no por sabido el esfuerzo es menor.

Su 'adaptación' a los nuevos tiempos no tiene, además, ni color con la que tendrán que hacer el resto. Izquierda Unida, acostumbrada a hacer difíciles equilibrios para llegar a fin de mes y a realizar campañas en autobús mientras los dos grandes vuelan en avión, puede respirar un poco más tranquila ahora que ha pasado de dos a once diputados y por los tres primeros meses del año recibió algo más de 700.000 euros. Todavía está a años luz de las cantidades que manejan PP y PSOE, pero en el tramo comparable del ejercicio anterior ni siquiera llegó a los 475.000.

La espectacular subida de UPyD -que el 20-N triplicó sus resultados y pasó de un único representante en la Cámara baja a cinco- también se traduce en un incremento de recursos públicos para sus actividades. Si en el primer cuarto de 2011 recibió algo menos de 200.000 euros, ahora se le han asignado casi 650.000 euros. Y los recién llegados de Amaiur percibieron, por su parte, algo más de 280.000 euros, por delante del PNV que apenas superó los 240.000 euros.

Donaciones

Los nacionalistas vascos son, sin embargo, junto con el Partido Popular y CiU, quienes históricamente han encontrado más fácilmente vías de financiación alternativas a las de la subvención pública. A lo largo de la democracia, según los informes del Tribunal de Cuentas, estas tres formaciones han recibido más del 90% de las donaciones anónimas realizadas.

La posición del PSOE es muy distinta. En su caso, el dinero público supone entre un 80% y un 90% de sus ingresos y el resto corresponde, según sus datos, a las cuotas que pagan los militantes. Precisamente por ese motivo los socialistas pusieron pegas esta semana a los planes del PP para suprimir la cláusula de revisión anual de las subvenciones conforme a la subida del IPC en la asignación legal que perciben. Su portavoz, Txiki Benegas, mostró sus recelos ante la posibilidad de que con este ajuste se siente un precedente que deje en manos del Gobierno de turno las cantidades que perciben los partidos y reclamó que se busque otro parámetro de actualización.

La queja se reduce a eso. De hecho, ninguna formación ha osado protestar por la eventual pérdida de recursos a la que se enfrentarán. Al contrario, con la nueva ley todas las formaciones han hecho un esfuerzo por transmitir la idea de que están dispuestos a ser más transparentes que nunca. La crisis y el malestar con los políticos obligan y, por fin, se han tenido en cuenta algunas de las recomendaciones que desde hacía años llevaba haciendo el Consejo de Europa a través del Greco para acabar con la opacidad en la financiación de los partidos. Aunque quedan flecos.