Promesas de transparencia para aplacar el malestar

No es la primera vez que el Congreso acomete una reforma de la ley de financiación de partidos, pero la última, en 2007, no dejó satisfecho al Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano del Consejo de Europa que en varias ocasiones ha leído la cartilla a España por su opacidad. El nuevo texto atiende algunas de sus recomendaciones. Entre ellas, concederá al Tribunal de Cuentas la capacidad de sancionar a los partidos cuando excedan los límites permitidos de financiación privada, fijados en 100.000 euros.

La norma, discutida hasta ahora en la comisión constitucional y lista para ser abordada en el pleno dentro de unos días, también prohibirá que los partidos puedan ver condonadas sus deudas en cuantías superiores a los 100.000 euros anuales. El último informe del Greco, que en abril de 2011 dio un plazo de 18 meses para acometer reformas, consideraba que los grupos políticos españoles estaban en una posición de excesiva vulnerabilidad y dependencia respecto a los bancos. En 2005 sus deudas con las entidades financieras ascendían a 144 millones en créditos.

También el grupo europeo de expertos abogaba por una mayor transparencia. La futura ley obligará a comunicar al Tribunal de Cuentas cualquier donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles recibidos de empresas jurídicas en los tres meses siguientes a su recepción. Además, una vez fiscalizadas las cuentas, los partidos tendrán que publicarlas en sus páginas web. Un gesto de cara a los ciudadanos ahora que el enfado con los políticos es más patente que nunca, según los sondeos del CIS.

A lo que no se ha hecho mucho caso es a la exigencia de que se ponga fin a la oscuridad de las cuentas de las agrupaciones locales de donde provienen, según los cálculos de la institución, el 25% de los ingresos de los partidos.