LA ÚLTIMA CARTA DE URDANGARIN

Iñaki Urdangarin, la Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro esperan que se reparta la última carta de la partida del 'caso Nóos'. Es una mano en la que el yerno del Rey se juega la cárcel si se confirman las acusaciones de evasión y/o blanqueo de capitales. El naipe que falta tiene forma de pieza secreta en la que se incluyen comisiones rogatorias sobre paraísos fiscales e informes de Hacienda. Pero en realidad, todo es una pose. Al menos en la Fiscalía y la Agencia Tributaria ya saben que la carta que el crupier está a punto de dar al duque, desde luego, no es un as. Es una carta envenenada porque los informes preliminares ya apuntan que, al menos por tres vías diferentes, Urdangarin, primero con su socio y luego por libre, sacó de España centenares de miles de euros.

El marido de Cristina de Borbón tiene desde hace meses muy complicado, aunque no imposible, eludir una condena de menos de dos años de cárcel con la que evitaría entrar en prisión pues no tiene antecedentes penales. La aplicación de una atenuante era a ojos del juez y los fiscales el único as que podía guardar Urdangarin en su manga durante la declaración en el juzgado para conseguir una condena benévola y no pisar la cárcel. Eso sí, para lograr esa 'escalera de color' no servían los faroles, era indispensable que el expresidente del Instituto Nóos se aviniese a colaborar. Que se acogiese a la figura del «arrepentimiento espontáneo» y lo pusiera fácil a las acusaciones para bajar el listón de sus peticiones de pena. Sin embargo, esa hipótesis se esfumó en febrero cuando Urdangarin compareció ante Castro. Aquel 25 de febrero, lejos de tirar de la manta, se vistió de tahúr, lo negó todo y culpó de todas las irregularidades a su antiguo socio, Diego Torres.

Sin margen

Tras aquel episodio, el margen de maniobra del duque en la partida se ha acortado mucho y sigue reduciéndose conforme avanza la timba. A estas alturas de la instrucción, afirman en la Fiscalía Anticorrupción, solo podría aplicarse una «leve atenuante» y solo si se produce un golpe de efecto «tremendo», una confesión de último minuto sobre un aspecto de gran envergadura que permitiera a la justicia dar pasos de gigante en sus pesquisas.

Con ese «ínfimo» descuento que en el mejor de los casos estaría dispuesto a hacer Anticorrupción, al abogado de Urdangarin no le salen las cuentas para sacar airoso a su cliente de esta difícil partida. Y eso que también él intuye que las cartas van a ser todavía mucho peores para el duque a cuenta del dinero en el extranjero.

La Fiscalía tiene intención de sentarle en el banquillo por cuatro delitos, por el momento. A saber: malversación, por haberse apoderado, él y Torres, de al menos tres de los casi seis millones de euros que recibieron de los Gobiernos de Baleares y Valencia para organizar eventos deportivo-empresariales; fraude a la Administración; falsedad documental; y prevaricación. Excepto este último delito, el resto conllevaría cárcel para Urdangarin. Entre once años de máximo y cuatro de mínimo.

Con ese arco, explicaron esta semana diversas fuentes judiciales, todavía cabe la aplicación de eximentes, sobre todo en la medida de que Urdangarin y Torres accediesen a «reparar el daño causado» o «disminuir sus efectos» poniendo sobre el tapete todas las fichas; esto es, el total del dinero que se llevaron de las administraciones más, según establece la ley, un tercio de lo malversado. En total, unos cuatro millones de euros, de acuerdo a las estimaciones de la Fiscalía.

Pero con la «más que probable» inminente acusación por defraudación fiscal todo se va a complicar para Urdangarin, hasta el punto de hacer casi imposible pedir una pena que permita eludir la cárcel. La Fiscalía cree tener indicios de poder probar el fraude a Hacienda desde 2006 -en anteriores fechas habría prescrito- no ya desde el Instituto Nóos, que el yerno del Rey abandonó en 2006, sino a través de la fundación de niños discapacitados creada en 2007 y otras empresas de los dos socios.

En 2010, solo meses antes de que comenzara la investigación de Nóos, se reformó el Código Penal para elevar la pena máxima para el delito de fraude de cuatro a cinco años. Por las informaciones recabadas hasta el momento por Hacienda, la cantidad sustraída al fisco por el tándem Urdangarin-Torres superaría «con creces» los 120.000 euros, importe mínimo para hablar de delito. Y además, recuerdan en la Agencia Tributaria, se dan las dos circunstancias para entender que la defraudación fue «agravada»: «utilización de personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario» y «existencia de una estructura organizativa» para llevar a cabo el fraude. Por ende, debería aplicarse la pena superior, entre dos y medio y cinco años.

Con este nuevo escenario, la acusación contra Urdangarin podría moverse entre los 6 y 16 años de cárcel. Y «eso si no hay cargos por blanqueo de capitales», explican desde el Ministerio Público, lo que subiría la horquilla a entre 6 y 24 años y medio.

Una hipotética petición de cárcel que sería muy difícil rebajar a menos de dos años «habida cuenta de la contundencia de las pruebas documentales y testificales acumuladas», sostienen desde Anticorrupción, donde no quieren ni oír hablar de un pacto de conformidad. Una salida con la que se especuló hace un mes, a cuenta de los supuestos acercamientos de los letrados del duque de Palma y de Torres a la Fiscalía para tantear la posibilidad de un acuerdo que librara a sus clientes de la cárcel. Para los fiscales, un acuerdo sería tanto como dejar la partida con las cartas ganadoras en la mano.

Una posibilidad, la del pacto, que además se aleja cada vez más conforme avanza la investigación de la evasión y los paraísos fiscales, la puntilla con la que Anticorrupción espera poder cerrar el caso antes de año y ganar la partida durante un hipotético juicio a finales de 2013, como muy pronto.

Antes de esa vista oral, cuando Urdangarin voltee su último naipe al regreso de las vacaciones de verano, se va a encontrar de bruces con los informes que Hacienda elabora con las informaciones que llegan desde el Reino Unido, Suiza y Luxemburgo, entre otros países.

Con y sin Torres

Documentos, según fuentes de la investigación, que confirman que el duque habría participado en tres tramas diferentes para ocultar su dinero al fisco español. La primera, junto a Torres, con un plan para evadir unos dos millones de euros a través de 'De Goes Center for Stakeholder Management', una empresa sin empleados ni actividad, y de una fundación para niños discapacitados. En las oficinas de 'De Goes' en Londres los investigadores han encontrado ya 482.271 euros. En la segunda, cuyo dinero evadido sigue siendo una incógnita, aparecen tres empresas, Torima Limited, Vikram Strategy y Global Corporate Service, radicadas en Estados Unidos, Reino Unido y España, que el magistrado Castro ordenó investigar en absoluto sigilo el 23 de febrero.

La tercera vía de fuga es la del belga Robert Cockx, que usó en solitario el marido de la infanta cuando se distanció de Torres, y que apunta a la evasión a Suiza de no menos de 375.000 euros de los pagos por las asesorías a Aguas de Valencia.

«Demasiadas pruebas de evasión y blanqueo para pensar en atenuantes o pactos y abandonar la partida», insisten con machaconería en Anticorrupción. Con igual vehemencia recuerdan que al igual que en los casinos, donde «la máxima de que la banca siempre gana» siempre se cumple, el Ministerio Público «es un órgano jerárquico donde el fiscal general del Estado siempre tiene la última palabra, pase lo que pase». En definitiva, que Eduardo Torres-Dulce será el que decida a quién entrega las fichas.