El Gobierno pide al PSOE que asuma su modelo competencial

El Gobierno llevará a cabo la reforma de las administraciones públicas de manera progresiva y si puede ser de conformidad con el resto de las formaciones políticas, mejor. Pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dejó claro que el marco principal de las conversaciones serán el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forman parte las comunidades autónomas, y la Comision Nacional de la Administración Local, ámbitos en los que la representación del PSOE es reducida tras el batacazo de las autonómicas y municipales de 2011. La necesidad del Ejecutivo de lanzar al exterior el mensaje de que es capaz de controlar a las comunidades autónomas y el clima de desconfianza mutuo entre PP y PSOE convierte casi en papel mojado el «ofrecimiento» de diálogo que, según la interpretación de Sáenz de Santamaría, lanzó el miércoles Mariano Rajoy para «repensar» el actual modelo de Estado, eliminar duplicidades, clarificar competencias, ganar eficiencia y caminar hacia la unidad de mercado.

El PSOE ya ha mostrado su desconfianza hacia la verdadera voluntad de consenso del Gobierno. «Aquí -señaló ayer la número dos del partido, Elena Valenciano- no han llamado; gasta poco en teléfono el señor Rajoy». Su formación asegura que está dispuesta a discutir siempre que no se persiga realmente una marcha atrás en el sistema autonómico. Sin embargo, el Ejecutivo también pone en cuestión esa actitud colaboradora. Sobre todo, porque ya van cinco recursos de inconstitucionalidad anunciados contra sus decisiones.

La vicepresidenta afeó, de hecho, a los socialistas que desde el País Vasco y Andalucía hablen ya de solicitar al máximo garante de la Carta Magna que se pronuncie contra los recortes en Sanidad y Educación, al tiempo que se muestran favorables al diálogo. Y solicitó al principal partido de la oposición que abandone esa estrategia. «A veces, desde algunas comunidades autónomas, se pide al Estado que legisle más y que asuma como propias decisiones que suponen una carga respecto al ciudadano, pero a la vez se cuestiona que desde el Estado puedan reordenarse determinadas cuestiones -reprochó la vicepresidenta-; la coherencia pasa por un diálogo de todas las fuerzas políticas y de todas los administraciones para ver cómo todos nos hacemos responsables».

La oferta del Ejecutivo, aun así, también carece de concreción. De momento, no piensa promover formalmente una mesa de partidos, ni abrir una subcomisión parlamentaria. Incluso da largas a la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, solicitada ya por el recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

La reordenación competencial, que conllevará sin duda alguna una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley de Bases del Régimen Local, sí ha comenzado a abordarse con la Federación Española de Municipios y Provincias y, de forma muy tangencial, con las autonomías en conferencias sectoriales. Pero no es descartable que el Gobierno se lance a legislar también sobre el asunto con cuentagotas.

Decreto a decreto

El primer ejemplo de esta fórmula unilateral se produjo en el Consejo de Ministos de ayer, con un Real Decreto que recupera para la Administración central las competencias sancionadoras sobre las cuencas hidrográficas que transcurren por más de una comunidad autónoma. El caso es singular porque la discusión sobre esta materia deriva de los estatutos de autonomía de segunda generación, especialmente de los de Andalucía, Aragón y Castilla y León, y el Tribunal Constitucional ya sentenció, a instancias de Extremadura, a favor de la unidad de cuenca. Es decir, se trataba de una cuestión que había quedado en una suerte de limbo jurídico.

Sin embargo, la número dos del Gobierno dio a entender que ese mismo método, la legislación por decreto, puede valer para otros temas; admitió que lo que propone al resto de fuerzas políticas es un diálogo 'a posteriori'. «Es bueno ir trabajando a medida que las cuestiones se aborden en el Congreso de los Diputados», dijo casi al tiempo que animaba al PSOE a «trabajar ya» por el entendimiento.

En todo caso, insistió en que el «marco general» para abordar un nuevo mapa de competencias de ayuntamientos, autonomías y Administración central serán el Consejo de Política Fiscal y Financiera PFFy la Comision Nacional de la Administración Local. Los socialistas ya se han quejado en otras ocasiones, por ejemplo en el caso de la reforma sanitaria, de que abordar cuestiones de tal envergadura en conferencias sectoriales en las que la mayoría de los representantes son del PP, no es precisamente un ejercicio de pluralidad. El PSOE solo gobierna hoy en dos comunidades autónomas y nueve capitales de provincia por eso reclama otros foros para discutir «cómo hacer la administración más ágil y más barata».