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Los primeros cien días del gobierno Rajoy han coincidido con las dificultades iniciales a las que se enfrenta la política de austeridad y reformas impulsada por él, tanto desde el punto de vista de la contestación interna como de las dudas que España vuelve a suscitar en la esfera internacional y en los mercados. El hecho de que los frutos de la intensa acción legislativa y presupuestaria emprendida por el Gobierno se anuncien para un medio o largo plazo, y que el propio Ejecutivo pronostique un empeoramiento de la economía y del empleo, complica la asunción de sacrificios a los que los ciudadanos no les ven una ventaja inmediata ni están seguros de que rendirán beneficios en el futuro. Es habitual que el poder político recurra al voluntarismo de la comunicación para sortear los problemas de sintonía que pueden generarse entre la acción de gobierno y la anuencia social que esta requiere. El partido de Rajoy cuenta con una base electoral tan amplia y con una mayoría parlamentaria tan abrumadora que, en principio, le sería fácil llegar a los ciudadanos para explicarles sus decisiones. Pero el problema es que por muy convincentes que sean las razones de la reforma laboral y de los recortes presupuestarios, la opinión pública siente la necesidad de saber cuándo más o menos saldrá la economía española del túnel. El hecho de que el Gobierno no esté en condiciones de despejar con responsabilidad esos dos interrogantes tampoco sirve de excusa o de consuelo a una sociedad inquieta. El déficit acumulado por el ejecutivo de Zapatero puede explicar buena parte de lo que ahora ocurre, pero no todo. A medida que la recesión se prolongue , la sociedad va a exigir resultados o, cuando menos, el compromiso de obtenerlos en un plazo determinado. De lo contrario tenderá a dar la espalda a un poder político en el que no verá mayor aportación que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ámbito de la Unión. Por imprescindible que para Rajoy y su gobierno sea el concurso del partido en la explicación de su política, la sintonía con los ciudadanos no dependerá de las palabras sino de los hechos del Gobierno, incluida su disposición a alcanzar acuerdos dentro y fuera de las Cortes.