Financiado con la colaboración de la Consejería de Empleo

Durante muchos años la publicidad de las acciones de cualquier naturaleza en los medios de comunicación por los sindicatos más representativos, terminaban indicando la procedencia de los fondos que permitían su financiación. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, ha sido la gran financiadora de la propaganda. En esas acciones publicitarias se dejaba plena y fidelísima constancia del patrocinio. Sin embargo, estos días se publicita contra la reforma laboral y en favor de la manifestación contra ella. En estas no aparece contemplado el patrocinador, lo que no quiere decir que no exista. Está demostrado que más del 90% de los recursos sindicales tiene un origen público, al margen de las cuotas sindicales, que debiera ser su fuente natural de ingresos. Significa ello, que parte del patrocinio público sindical está siendo destinado a combatir a su propio patrocinador. En este caso el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Desde la perspectiva del comercio y del marketing esto es insólito. No se puede decir lo mismo de la Junta de Andalucía, que ha dejado de pagar a miles de empresarios en tiempo y forma, mientras la financiación pública sindical a través de la Junta de Andalucía, es un goteo interminable de subvenciones de toda índole y naturaleza. A mí como ciudadano, no sólo me gustaría saber el destino de la ingente cantidad de millones de la financiación pública sindical, sino que lo contemplo como una exigencia ciudadana. Por simple curiosidad y porque quiero saber el destino que se le da al dinero con el que contribuyo como ciudadano-contribuyente. Quisiera ver las cuentas y sus correspondientes auditorías, que no se hacen, por no ser de exigencia legal, lo que es todavía más sorprendente. Sólo de esa forma se podría calcular la cuota parte de la financiación pública de esos anuncios, que van en contra de la reforma laboral, que será en el medio y largo plazo, una de las reformas más importantes y de mayor eficacia práctica llevada a cabo desde la Transición.

Esta pasada semana, la Junta de Andalucía, UGT y CC OO han externalizado el frente común contra la reforma, durante las intervenciones de sus correspondientes líderes andaluces en el Foro Internacional del Cooperativismo. Se arremetió sin piedad contra la reforma laboral, a la vez que acusaban al presidente del Gobierno de «romper el modelo de convivencia laboral» y de «atentar contra el derecho al trabajo». Una vez más se ha hablado de 'consenso', como paradigma de lo políticamente correcto, pero sin llenar de contenido real el término. Este vale como medio, en tanto se cumpla el fin pretendido. No alcanzándose el pleno empleo mediante su concurso, el recurso al mismo queda cuando menos en entredicho y si nos fijamos en la cifra de desempleo, sólo podemos certificar su defunción como instrumento válido para el fin para el que se concibió. Pienso que en ese Foro, dado el perfil de los asistentes, se podría haber realizado el correspondiente ejercicio de autocrítica. Está demostrado y a las pruebas me remito, que los partidos de izquierdas, allí donde gobiernan terminan creando situaciones económicas insostenibles al final de sus ciclos de gobierno. A continuación y esto es lo que ocurre hoy en España, ante la calamitosa situación económica, sale elegido un partido de derecha, con el encargo y la exigencia del pueblo español, para enderezar el rumbo y salir de la crisis, con políticas "naturales" del partido de gobierno. Y ni más ni menos, es esto lo que se está haciendo. El PP ha sido explícito en su programa electoral, las acciones necesarias para encauzar política y económicamente la situación de desgobierno en la que se encontraba España. Y los españoles le han otorgado la confianza, porque son conscientes que solo la puesta en práctica de esas medidas, puede cambiar el panorama económico. Sería una gravísima irresponsabilidad supeditar la política al consenso, considerado este no sólo como un medio, sino como fin en sí mismo y seguir gobernando como antaño, haciendo apaños y apaños, contentando a las bases sindicales, que son las propias bases del partido que sustentaba el Gobierno.

Se anuncia por el PSOE e IU recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. En Derecho todo es posible. Por eso en el trámite parlamentario debieran hacerse los correspondientes ajustes y mejoras técnicas, como bien ha explicitado la Ministra. Los tres motivos de inconstitucionalidad que se podrían presentar, pueden a su vez ser solventado ahora en su tramitación como Proyecto de Ley de la siguiente manera: 1º) El período de prueba de un año en el contrato de fomento en empresas de menos de 50 trabajadores. En este caso, el período podría pasar a ser de seis meses, lo que ya está contemplado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y derecho a indemnización de ocho días, proporcionales al tiempo de trabajo en el caso de extinción durante los 18 meses siguientes. Sería un híbrido contractual, con el existente en tiempo pretérito impulsado por el PSOE en el R.D. 1989/1984. Para cortar de raíz cualquier duda discriminatoria del artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, ampliar el ámbito objetivo de aplicación a cualquier tipo de empresas, sin consideraciones relacionadas con su plantilla. 2º) La decisión ejecutiva del empresario en las modificaciones sustanciales de trabajo, invocadas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, no es ninguna novedad, si no fuera por la equiparación a todos los efectos de la "jornada", al resto de condiciones de trabajo que sí recogía desde antiguo el referido artículo. 3º) El arbitraje obligatorio cuando las partes no son capaces de acordar un nuevo convenio. Se invoca la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981. El supuesto de hecho que se contemplaba es distinto, ya que consistía en poner fin a una huelga mediante el arbitraje. Habiendo limitado el principio 'ultra vires' o de la ultra actividad a las cláusulas normativas de los convenios colectivos (cosa que ya se hizo en la reforma de ZP por R.D.L 10/2010), el recurso al arbitraje es una solución que beneficia al trabajador. Puede ser obviado el fundamento del recurso en cualquier caso, disponiéndolo en el propio convenio colectivo.

La calle, lugar del bullicio por excelencia, es ahora lugar de algarabías y encuentros de los 'contrarreformas'. Solo por eso el Presidente debe responder a estos, además de en el Parlamento, también en la calle. De todos modos, en las dos legislaturas anteriores, a pesar del poder de convocatoria que mostró el Foro de la Familia, con más capacidad de convocatoria y concentración que la sindical, las leyes 'progresistas' de corte social y familiar se impusieron sin más.