Díaz Ferrán es imputado por apropiación indebida

La Audiencia Nacional ha imputado a los antiguos dueños del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, por un presunto delito continuado de apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de pagos de clientes del conglomerado turístico. Un dinero recibido por la empresa a través de las reservas de viajes de 4.706 damnificados que habría seguido un camino muy distinto al habitual para terminar en firmas ajenas a las actividades de la compañía.

El auto del tribunal, fechado el 2 de febrero, admite así a trámite la querella presentada el 27 de enero por el Ministerio Fiscal contra los dos empresarios y también contra Iván Losada, quien fuera número dos de Possibilitum, la sociedad especializada en quiebras propiedad de Angel de Cano que compró Marsans por el valor de su deuda (600 millones) y días más tarde la declaró en concurso de acreedores.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asegura en su escrito que, analizada la documentación aportada por el fiscal, Daniel Campo, existen «aparentes indicios de criminalidad». Por eso, el magistrado ha citado a declarar a los tres en calidad de imputados y de forma separada entre los días 21 y 23 de febrero.

El primero en comparecer será Pascual, al que seguirán el expresidente de CEOE y Losada. Al tiempo, comparecerán como testigos Vicente Muñoz Pérez y María Rosario Gil, quienes fueron en su día subdirector general corporativo y responsable de auditoría interna de Viajes Marsans, respectivamente.

El hundimiento primero de Air Comet, que dejó miles de afectados a uno y otro lado del Atlántico al cerrar de forma sorpresiva, y después de Marsans, ahogado por las deudas y la presión de sus clientes y las autoridades, siempre estuvieron bajo sospecha.

Los afectados, que van mucho más allá de los meros viajeros, pues la quiebra se llevó por delante desde agencias de viaje a hoteles, siempre denunciaron maniobras oscuras en los últimos meses de cada una de las dos compañías.

Máxime en los movimientos que dejaron Marsans en manos de Ángel de Cabo e Iván Losada. Una venta opaca como pocas y en la que la labor de los administradores judiciales que llevan el concurso ha ido destapando idas y venidas de dinero más que sospechosas.

Según los argumentos del fiscal, existen indicios de que los ahora acusados (sobre los que pesa en el concurso un embargo de 417 millones para cubrir eventuales responsabilidades) destinaron fondos procedentes de reservas de viajes a «fines ajenos a la actividad del grupo».

Indica en su querella Daniel Campo que el dinero en cuestión procedería de reservas de operaciones (viajes, estancias, etc.) que nunca se llegaron a disfrutar por el fisco del grupo hotelero y que, en contra de lo que ordena la legislación, no se devolvieron.

Maniobras oscuras

La Fiscalía señala, por ejemplo, poco antes de que la Asociación Internacional de Líneas Aéreas (IATA) retirara la licencia para vender billetes de avión tras acumular numerosos impagos, los administradores de Marsans ordenaron traspasar distintas cantidades de dinero a alguna sociedad del grupo (ajena al proceso habitual) desde la que, poco después, se remitieron a otras o se 'esfumaron' convertidas en cheques al portador.

Esta última táctica también se repitió días antes de que Possibilitum, la empresa de De Cabo, acudiera a los juzgados para solicitar la quiebra aún a pesar de sentenciar ante la sociedad y los empleados de Marsans que la firma tenía futuro y que había inversores interesados en ella. La querella afirma que los imputados actuaron con 'dolo' alterando la operativa financiera del grupo en beneficio propio.