Arenas pide que las pesquisas en el caso ERE lleguen «hasta el final»

La imputación de un alto cargo de la Junta de Andalucía en el caso del supuesto fraude en los ERE pagados con dinero público y la ampliación de la investigación a las ayudas concedidas desde otras consejerías no ha causado sorpresa en el PP, que desde el primer momento de la investigación expresó sus sospechas de que la trama era más extensa y se prolongaba hasta la actualidad. De ahí que el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, haya vuelto a insistir en que la Justicia llegue «hasta el final» y se «investigue todo».

El presidente del PP-A no quiso referirse expresamente al último auto de la jueza, en el que se imputa entre otros al actual director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y su antecesor en el cargo, Juan Márquez Contreras, por incluir intrusos en las prejubilaciones y se extiende además la causa a otras cinco consejerías (Gobernación; Presidencia; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo y Deporte; y Medio Ambiente) que también habrían utilizado la misma fórmula para conceder ayudas entre 2001 y 2010.

Arenas, que participó en la clausura de unas jornadas agroalimentarias en Almería, optó por limitarse a demandar «respeto» a la acción de la Justicia y a reclamar que se investigue «todo» lo relacionado con estas irregularidades. Una clara alusión a que la trama podría tocar a otros altos cargos que su compañero de partido, Antonio Sanz, explicó desde Sevilla de forma más contundente al asegurar que los gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán están «implicados hasta las cejas», asegurando que el actual presidente de la Junta «ha pasado a ser actor principal del fraude de los ERE».

Arenas siguió con las alusiones y consideró que el fraude de las prejubilaciones «es el mayor ataque al prestigio» de la comunidad, en referencia a la reciente polémica sobre las críticas del PP a la solvencia económica de Andalucía que a juicio del Ejecutivo han dañado su imagen en los mercados. «No hay un mayor ataque a la imagen de Andalucía que el caso de los ERE», dijo el líder de la oposición, que volvió a lamentar que «se identifique» a la región «con lo que han hecho unos cuantos». Insistió, asimismo, en el sentimiento de «vergüenza» que sufren muchos andaluces ante el «gran insulto» que supone «dilapidar mil millones de euros de los parados para beneficiar a los amigos». Así, tras defender que la inmensa mayoría de los andaluces «son gente trabajadora, honesta y emprendedora», aseguró que cuando alcancen el Gobierno regional trabajarán para «derrotar el paro y los abusos».

Trasladó, asimismo, que el objetivo del PP-A en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno andaluz en los comicios del próximo 25 de marzo pasa por «derrotar el paro y también los abusos, que no podemos permitir de ningún modo». «Repetiremos todos los días que lo que han hecho unos cuantos no puede identificar a Andalucía, donde la inmensa mayoría de los ciudadanos son gente trabajadora, honesta y emprendedora», concluyó.

«Conciencia tranquila»

Por su parte, hubo un cierre de filas de la Junta con el alto cargo imputado por los ERE. El consejero de Empleo, Manuel Recio, salió en defensa de su cargo de confianza y aseguró en rueda de prensa que Daniel Rivera ha sido uno de los «principales impulsores de la investigación» paralela que ha desarrollado la Junta desde que saltó el escándalo, y defendió su labor «ejemplar».

Recio reconoció que no se ha planteado presentar su dimisión como responsable directo de la gestión de Rivera, ya que aseguró tener «la conciencia absolutamente tranquila», ni que lo haga su director general, al que animó a continuar con su labor. «Jamás podremos compartir que se le sitúe del lado de los acusados», zanjó, asegurando además que las órdenes de pago a intrusos por las que la jueza le investiga eran resoluciones anteriores a su mandato.

El consejero de Empleo hizo hincapié en que la Junta lleva tiempo pidiendo que se devuelvan las cantidades supuestamente defraudadas, aunque aún sin éxito, según reconoció. En esa línea, incluyó a las aseguradoras que tramitaron los ERE y que según una denuncia del PP formulada esta misma semana, habrían cobrado supuestamente comisiones de hasta el 25 por ciento. «Si es así, le pediremos que devuelvan el dinero», abundó.

De cualquier modo, Manuel Recio anunció que el director general de Trabajo y Seguridad Social «posiblemente» recurra el auto en cuestión por lo que a su imputación se refiere, descartando que a cuenta de este extremo haya sopesado dimitir o haya propuesto el cese o dimisión de Daniel Alberto Rivera. Y es que, insistió, «si hoy tenemos abierto un proceso de reintegro de todas las cantidades indebidamente cobradas con cargo al erario público en pólizas de seguro de rentas que hemos considerado irregulares, hemos avanzado en la investigación de las irregularidades administrativas y está en fase muy avanzada la investigación judicial, es gracias a la labor desarrollada por Daniel Alberto Rivera».