Las empleadas de Limasa se centraron en barrer, limpiar los baños y otras zonas sensibles de los colegios. :: JUAN CARLOS CORCHADO
Jerez

Termina la huelga de limpieza con los colegios al borde del cierre

Las trabajadoras recibieron sus salarios cuando Educación ya había pedido inspecciones de sanidad para los centros

JEREZ. Actualizado: Guardar
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In extremis. Así desconvocó ayer la huelga la plantilla de Limasa -la empresa concesionaria del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos- poco antes de que Educación tuviera que plantearse la decisión de decretar el cierre de algunos centros por insalubridad. A primeras horas de la tarde las empleadas abandonaron las protestas que han mantenido desde el martes y regresaron a sus puestos de trabajo con una larga tarea por delante, pero con el dinero de su salario completo de octubre ya ingresado en sus cuentas bancarias.

Poco antes, por la mañana, la indignación de los padres fue creciendo a medida que iban conociendo el estado de los colegios de sus hijos, sobre todo, de los baños, tras tres días sin lejía. Ya el jueves por la tarde hubo colectivos de determinados centros, como La Barca y El Torno (solo los de Educación Infantil) que decidieron no enviar a los niños a clase por miedo a una infección o al agravamiento de asmas y alergias. La escasa perspectiva de que el conflicto laboral fuera a solucionarse en las horas siguientes después de tres jornadas de huelga movilizó en cadena a las familias de los 15.000 alumnos jerezanos afectados.

Bien temprano, la Delegación Provincial de Educación trasladó la delicada situación a las autoridades sanitarias para que realizara inspecciones en algunos de los colegios de la ciudad que podrían resultar más afectados. Según ha podido saber este medio, se realizaron con rapidez una docena de inspecciones para comprobar el estado de las instalaciones. Algunos de los centros elegidos para el muestreo fueron, entre otros, los CEIP Andrés de Ribera, Antonio de Nebrija y Alcazaba. Los dos últimos, por su número de alumnos.

Estaba previsto que, según los informes de los inspectores que llegaran a la mesa de la delegada provincial, Blanca Alcántara, y al Ayuntamiento (como responsables del servicio de limpieza), la Junta podría decretar el cierre a partir del lunes de los centros para uso lectivo, es decir, sí se podrían abrir como sedes electorales para las votaciones de mañana domingo. La decisión, a priori, no sería generalizada para los 47 colegios públicos de Primaria de la ciudad sino para aquellos en los que la situación fuera insostenible.

Por unas pocas horas, la sangre no llegó al río -como sí ocurrió en La Línea a principios de curso- y las clases se retomarán con absoluta normalidad en los colegios jerezanos el próximo lunes.

Encuentro entre las partes

Por fortuna, las primeras noticias de un encuentro mantenido entre la empresa y el Ayuntamiento auguraban un pronto final de las reivindicaciones laborales. Representantes de Limasa se desplazaron expresamente desde Madrid hasta la ciudad para esa reunión en la que, por suerte, se llegó a un acuerdo. Tal y como reclamaba la empresa desde el inicio del conflicto, el Ayuntamiento aportó 290.000 euros a la causa y Limasa se comprometió a abonar los salarios de forma inmediata, sumando además su aportación para completarlas.

Los propios responsables municipales, María José García-Pelayo y Enrique Espinosa, anunciaron el acuerdo cuando la trasferencia ya estaba hecha aunque se tratara de «una cantidad menor de los 400.000 euros pagados el mes pasado». Las dos partes cumplieron lo acordado y, por primera vez desde el pasado lunes no hubo concentración de trabajadoras a las puertas de Limasa ni cortes de tráfico en el centro.

Con preocupación

Con la empleadas ya afanándose en los centros escolares de la ciudad, desde la Delegación Provincial de Educación celebraron la resolución del conflicto aunque no pudieron dejar de mostrarse preocupados porque «es la segunda huelga en apenas un mes». También lamentaron que «tanto alumnos como profesores hayan estado trabajando en una situación tan incómoda». Las mismas fuentes apuntaron que con estas medidas de presión «además del derecho a la educación, se ha visto afectada la aportación de los colegios a la conciliación de la vida familiar y laboral».

Visto lo visto y, contando con el temor de las propias trabajadoras, no es de extrañar que el retraso en el próximo salario lleve de nuevo a la plantilla de la concesionaria a emprender movilizaciones.