El PP pide que una ley prohíba que los altos cargos contraten a familiares

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que su formación ha registrado en el Parlamento andaluz dos proposición de Ley en las que se recoge el proyecto de regeneración democrática para Andalucía de los 'populares', unas iniciativas que intentarán consensuar con el resto de grupos políticos.

Sanz explicó en rueda de prensa que su partido pretende con estas medidas «incrementar la transparencia en la vida pública andaluza, en la gestión del Gobierno y en la actividad política, así como hacer una apuesta por la austeridad como acción ejemplarizante en momentos de crisis, con el objetivo también de revitalizar la Cámara andaluza».

La primera de estas proposiciones modifica diversos aspectos de cinco leyes, como son la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración, la Ley Electoral, la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y la Ley de Iniciativa Legislativa Popular. Si bien, la segunda proposición de ley pretende la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz.

Algunas de las propuestas recogidas en el proyecto de regeneración del Partido Popular van dirigidas a la incompatibilidad para hacer contratos con la administración de familiares directos de los altos cargos salvo por concurso público, así como para el nombramiento de alto cargo de familiares directos (cónyuge, padres, hermanos o hijos).

También persiguen los 'populares' la ampliación de la incompatibilidad de altos cargos para realizar contrataciones con la administración pública en el ámbito de las competencias ejercidas hasta cinco años después del cese en el cargo; la despolitización de parques naturales y cajas de ahorro, impidiendo la presencia de políticos en sus órganos de dirección; o la obligación de hacer pública la declaración de IRPF de los miembros del gobierno, los altos cargos y los directivos de las empresas públicas. También se incluye para los diputados en la reforma del Reglamento de la Cámara.

La obligación de remitir al Parlamento información sobre los gastos de representación, manutención, alojamiento, dietas e indemnizaciones derivados del cargo en el plazo de dos meses posterior al fin del ejercicio presupuestario es otra de las peticiones del PP-A. En la reforma del Reglamento de la Cámara, se establece asimismo la obligación de informar sobre las asignaciones a los diputados por parte de sus respectivas organizaciones políticas para el ejercicio de su cargo.

De igual modo, el PP-A aboga por incluir en la declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos cualquier contrato o relación laboral de familiares directos. Esta obligación también se contempla para los diputados en la reforma del Reglamento de la Cámara propuesta por el PP. También solicita una modificación de la Ley Electoral para que las elecciones autonómicas se celebren separadas de cualquier otra convocatoria.

Ley electoral

La modificación de la Ley Electoral también iría encaminada a prohibir que se subvencione el gasto para publicidad electoral exterior, reduciendo así el gasto público en las campañas electorales. Además, defienden una modificación legislativa para limitar los mandatos a ocho años del Presidente de la Junta de Andalucía; la aprobación de un Código de Buen Gobierno para el sector público en Andalucía y la derogación de las cesantías de altos cargos y de las indemnizaciones por vivienda a los delegados provinciales de la Junta de Andalucía.

Otras de las peticiones suponen derogación de cesantías para los diputados; el nombramiento de directores generales que sean funcionarios de carrera; que el Consejo de Gobierno no tenga más de diez consejerías; una Plan de Transparencia de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía; un Plan de Reordenación y racionalización del sector público andaluz; una Ley de Subvenciones; o la eliminación de los beneficios económicos para los ex presidentes de la Junta.