Nace en la ciudad una asociación de afectados por sanciones urbanísticas

Que Chiclana es una ciudad de asociaciones y plataformas era algo sabido. La última en llegar es, curiosamente, una relacionada con el urbanismo salvaje que ha sufrido la localidad en los últimos años.

Bajo el nombre de Asociación de Vecinos Afectados por Sanciones Urbanísticas, el colectivo de nueva creación se integra en la Federación de Vecinos Las Lagunas, y nace con el objetivo de reivindicar el papel de los propietarios afectados.

Esta entidad ha realizado su primera aparición pública mediante un comunicado en el que se critican «los parches que no han conseguido enderezar el problema». Se refieren a las leyes, ordenamientos y normativas, como la LOUA o los tres planes generales de ordenación de Chiclana, sucesivamente tumbados por la justicia.

Estos vecinos consideran que «existe una corriente general de rebeldía y sublevación, porque la sociedad ha dicho basta». Ese movimiento o 'lobby' de poder es perfectamente visible en Chiclana, donde incluso se ha creado un partido político nacido al amparo de los propietarios de viviendas ilegales, que consiguió el pasado mes de mayo votos para tener dos concejales en la Corporación Municipal.

En la localidad, la Asociación de Vecinos Afectados por Sanciones Urbanísticas recuerdan «las inasumibles sanciones urbanísticas, y el desbarajuste que algunos ayuntamientos han promovido basándose en planeamientos confeccionados de la forma más arbitraria».

Los propietarios recuerdan que Chiclana «no es el único caso», y que toda la geografía andaluza está salpicada por el urbanismo ilegal.

Ellos exigen una modificación sustancial de la LOUA, que incluiría una solución a las viviendas construidas en suelo no urbanizable, «convirtiendo lo que es ilegal en legal».

Además, piden la amnistía urbanística, y critican las « terribles sanciones a diario, con embargo total de bienes de pensionistas y trabajadores, y la exclusión social de gente humilde que ello significa».

La entidad de nueva creación reclama «que se pare este crimen social», y recuerdan que la derogación del PGOU por parte del Ayuntamiento es una ocasión única para elaborar una Normas Transitorias Urbanísticas que ponga fin a su situación al margen de la ley.

El colectivo ofrece su ayuda a los afectados, y asegura confiar en alcanzar un pacto social «para resolver este caos urbanístico consentido aunque, caso de no existir voluntad política, buscaremos otros cauces», apuntan. La asociación recurre precisamente al PVRE para «solucionar tamaña catástrofe».

Hay que recordar que en los más de 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado del extrarradio de Chiclana hay censadas unas 15.000 casas ilegales que podrán acogerse al proceso de regularización en los próximos años.