«Nuestros hijos también quieren comer»

«El PP dice que no quiere el aborto, que apuesta por la familia, pero a nuestros hijos los está condenando a no comer». Esther, una de las trabajadoras de Acasa, la concesionaria de ayuda a domicilio de Jerez, resumía así ayer, a gritos, la angustiosa situación por la que atraviesan sus compañeras y las del servicio de limpieza que gestiona la empresa, Limasa, que todavía no han cobrado la nómina de junio y la paga extra.

«Ya no podemos aguantar más; son tres años y medio aguantando retrasos, impagos y recibiendo mazazos», se quejaba ayer la presidenta del comité de empresa de Acasa, Encarni Barrios, que fue una de las últimas en abandonar el Ayuntamiento de Jerez en el que medio centenar de afectadas decidieron irrumpir ayer por la mañana y del que solo se marcharon después de que la Policía Nacional se personara en el lugar y las convenciera de desalojar las dependencias municipales «de forma pacífica».

Fue al filo de las 11.30 horas de la mañana cuando las trabajadoras de la ayuda a domicilio y la limpieza se dirigieron hacia el Consistorio acompañadas por los máximos dirigentes de los sindicatos en Jerez -José Manuel Trillo (CC OO), Pedro Alemán (UGT) y José García (CGT)-. Una vez en la puerta, nadie las pudo parar cuando decidieron entrar en el vestíbulo de la Casa Consistorial y permanecer ayer como gesto de presión para reclamar su sueldo. Barrios lo dejaba claro ayer: «No queremos más reuniones con el gobierno, queremos nuestro dinero porque nuestras familias lo necesitan».

Dentro del Ayuntamiento permanecieron más de media hora, y durante ese tiempo se sentaron en el suelo y cantaron todo tipo de consignas como las que apuntaban «No nos vamos» o «Esto es la casa del pueblo», mientras en la calle otro numeroso grupo coreaba lo mismo.

Al final tuvieron que marcharse tras la intervención de la Policía Nacional, cuyos efectivos casi les pidieron una por una que se marcharan de allí y a las que les recordaron que de no hacerlo podrían tomar nombres y empezar a imponer multas. Eso sí, todo se desarrolló de forma pacífica y sin altercados o momentos de crispación.

A este respecto, desde el gobierno local dejaron ayer claro que en ningún momento se dio ninguna orden de desalojo de las trabajadoras, hasta el punto de que la propia regidora, María José García-Pelayo, llegó a afirmar que «tienen todo el derecho a manifestarse».

Sea como fuere, y ante el hecho de que todavía no hay dinero para pagar a estas empleadas -la Junta debe abonar la ayuda a la dependencia y en el caso de Limasa primero hay que abonar la paga extra de la plantilla municipal-, las afectadas están citadas hoy de nuevo a una asamblea a las 10 horas en la que decidirán más movilizaciones.

También se reúnen hoy los trabajadores de Urbanos Amarillos, que tampoco han cobrado, para decidir futuras acciones ante la situación en la que se encuentran. Y por si esto fuera poco, mañana por la tarde está ya convocada una manifestación de los empleados de las concesionarias.

En esta situación, y ante el hecho de que el ejecutivo local ha apuntado que legalmente primero hay que pagar la extra y que la plantilla municipal ha rechazado un reparto equitativo del dinero, el secretario general de CGT, José García, lamentó este intento de «dividir» a los trabajadores y dejó claro que «no nos oponemos a que en uso de sus facultades el gobierno pague como considere conveniente, pero son ellos los que deben ejercer su responsabilidad, tomar decisiones y no crear más crispación».