Investigan el desvío de fondos públicos del Plan E por parte del anterior gobierno

El agobio por la falta de liquidez del Consistorio durante la última etapa del anterior gobierno, y las soluciones y acciones que se llevaron a cabo para salir al paso mes a mes del pago de las nóminas de la plantilla y otros gastos fijos, pueden provocar ahora dolores de cabeza al ejecutivo presidido por Pilar Sánchez.

No en vano, la actual regidora de la ciudad, María José García-Pelayo, anunció ayer que durante los trabajos de auditoría interna de la situación económica del Ayuntamiento que ha elaborado el equipo de la Delegación de Economía se han detectado «unos desfases de tesorería», o más bien un desvío de fondos de carácter finalista que llegaron como parte de programas como los Planes E (los planes anticrisis de Zapatero), unas partidas que legalmente solo se pueden utilizar para el concepto para el que se consignan, y a los que se les ha dado un uso indebido para otras cuestiones o gastos municipales.

La principal sospecha es que el destino de esos fondos que se han sacado de la cuenta restringida en la que los ingresaba el Gobierno central fue para pagar las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento, ya que es ése el gasto fijo que más problemas causó a los anteriores regidores locales.

Por el momento, el gobierno de García-Pelayo no ha dado demasiadas pistas de la investigación interna que están haciendo para detectar qué partidas se han desviado a la 'caja única' del Consistorio para otros usos en contra de lo que marca la legalidad, de qué subvenciones o proyectos concretos (si son otras además de los Planes E) y el montante total de dinero al que se le dio otro destino distinto al que tenían comprometido.

Según las palabras textuales de la alcaldesa, «puede pasar de todo», y por eso están realizando un exhaustivo informe que después llevarán a los tribunales, en concreto a la Fiscalía Anticorrupción.

García-Pelayo recalcó ayer que quieren poner la máxima claridad sobre este asunto y «exigir las responsabilidades pertinentes», sobre todo después de que desde el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ya se haya requerido información al Consistorio jerezano sobre proyectos que tenían que llevarse a cabo con esas subvenciones, y puso como ejemplo la nueva jefatura de la Policía Local o el Museo de Lola Flores.

En concreto, el departamento de Manuel Chaves le solicita a la regidora actual que envíe documentación que incluya incluso fotos de 300 píxeles de resolución de las obras ya ejecutadas en esas dos instalaciones, lo que no se puede hacer porque «no están hechas».

Y es que la principal consecuencia de esta situación es que el dinero se gastó y pueden darse varios escenarios: que no se puedan acabar los proyectos, que el Estado pida su devolución, etc. «No sabemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias», expuso la alcaldesa.

Por eso, tras detectarse desfases como el anterior, y una vez que el análisis interno ya ha arrojado una foto-fija de la situación económica de las arcas municipales, la primera edil anunció ayer la decisión de contratar una auditoría-consultoría externa que analizará con más profundidad este aspecto y que dará un paso más allá porque además incluirá propuestas y líneas de trabajo de cara al futuro.

Según García-Pelayo, esta auditoría externa que se contratará a una empresa buscará conocer las causas que han motivado el actual colapso económico del Consistorio. «Creemos que es necesario saber cómo se ha llegado hasta aquí, sin ánimo de revancha ni de mirar al pasado, y los ciudadanos también tienen derecho a conocer cómo se ha gastado su dinero», recalcó.

La regidora trasladó la noche del jueves a su ejecutivo la gravedad de la situación económica y financiera del Consistorio, y solicitó a todos los ediles la elaboración de un documento con los proyectos y necesidades más prioritarias y urgentes de cada Delegación porque «vamos a ser muy austeros y rigurosos en el gasto, y mantendremos solo aquello que sea imprescindible desde el punto de vista de la política social y que redunde en la creación de empleo».

Por su parte, el delegado de Economía, Enrique Espinosa, anunció ayer que su departamento controlará todos los gastos que se realicen en el Ayuntamiento y desde cada delegación -cada una tiene un límite de 18.000 euros-, una decisión que toman «no por falta de confianza, sino porque en situación de economía de guerra tenemos que controlar hasta el último euro».