Legitimidad legal que no real

España iene el mercado laboral más intervenido de toda Europa. La legislación laboral española es mucho más parecida a la existente en época de la dictadura que la de los países de nuestro entorno, con los que debemos competir en un mercado que ya no tiene fronteras. Además, el mecanismo colectivo de fijación de las condiciones de trabajo, da un desmesurado, absurdo e innecesario poder a patronal y sindicatos, en detrimento de las empresas y representación unitaria de los trabajadores en las mismas. Se podría concluir que los llamados agentes sociales, los principales valedores del sistema de negociación actual, tienen una importante parte de culpa en la situación caótica que atraviesa la economía española en materia de empleo. También la tiene el Gobierno, a pesar de la costumbre instaurada desde la transición, de hacer leyes sobre la base de acuerdos previos entre los interlocutores sociales. Pero que no se le olvide a nadie, el gobierno debe gobernar, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la constitución y las leyes, de igual modo que compete a las Cortes Generales representar al pueblo español y ejercer la potestad legislativa. Los ciudadanos tenemos sobradamente claro que la soberanía nacional reside en el Parlamento, siendo ello la esencia de la democracia, que además no es divisible. Lo digo porque se ha querido encumbrar a los altares de nuestra democracia parlamentaria el diálogo social, aprobando las Cortes lo que ese «diálogo» desembucha, sin enmiendas ni reparos, como sí patronal y sindicatos fueran detentadores de la soberanía nacional en materia social. Les recuerdo una vez más a sus "señorías" del sindicato y la patronal, que el Parlamento es el ámbito natural del debate político y por ende del debate socioeconómico. No cabe admitir que el papel de los agentes sociales abrogue la legitimidad del pueblo representado en la Cámara de representación.

No sé si «incredulidad» es la mejor forma de transmitir mi estado de ánimo ante la reforma de la negociación colectiva. A lo mejor es la de escepticismo ante los acontecimientos. Sea lo que fuere, creo que las cosas no van ni mucho menos por donde debieran. El empleo es el gran problema de la economía española y la negociación colectiva el instrumento que lo haga posible. En época álgida del ciclo económico, nuestra economía no era capaz de acercarse a las tasas naturales del pleno empleo. Después de casi cuatro años de retroceso económico, el desastre se palpa cada mes en los datos del paro registrado y cada tres meses en la encuesta de población activa.

Ha sido útil y cómoda para los políticos la concertación social. Ni que decir tiene que ha sido una bicoca para la patronal y los sindicatos más representativos. Su condición de tales, les ha permitido financiarse con cargo a los presupuestos de todas las administraciones. La Ley Orgánica de Libertad Sindical buscó de forma decidida el sistema monopolista de representación, consolidando así la posición de los dos sindicatos mayoritarios. Se observa desde 1980 una constante desmovilización sindical que se fundamenta y acredita en el número de afiliados en torno a un 12%. Se achacan tres tipos de debilidades, ideológicas, organizativas y financieras. La UGT y CC.OO. disponen cada uno de ellos de una representación cuantificada en términos de afiliación sindical de entre un 4 o un 5 % de la población activa española, cantidad suficiente según la Ley para adquirir la condición de más representativo. Los sindicatos según el artículo 28 de la Constitución son de trabajadores, y estos por definición son los que trabajan, a pesar que la legislación española permite la afiliación de los que no lo hagan. Otro concepto importante a tal efecto es la consideración de «sindicatos más representativos», que son los elegidos para actuar como interlocutores sociales y a los que se refiere el Gobierno para adoptar cualquier solución al problema de la crisis. Estos, los más representativos, son aquellos que han obtenido a nivel nacional más de un diez por ciento de los cargos electivos en las elecciones a comités de empresa o delegados de personal, elecciones a las que sólo acceden los trabajadores que trabajan, por lo que los desempleados no están representados, porque no son electores. Así es que cuando un sindicato, de forma absolutamente legítima por disponerlo la legislación vigente, se erige en defensor de los derechos de los trabajadores-representados, desde luego no lo hace desde la óptica del desempleado, «que no es trabajador» y no participa en el proceso electoral como elector. Sólo son elegibles, aquellos en los que depositan la confianza los electores en el proceso, que siempre son trabajadores. Si a ello añadimos que sólo el 12% de la población asalariada está afiliada, resulta que el número de desempleados rebasa con creces la cifra de afiliación. Es decir, cuando se negocia un convenio, no nos olvidemos, se están determinando las condiciones de trabajo de los que van a trabajar, pero con casi toda seguridad se está limitando las posibilidades de acceso al sector de un buen número de trabajadores y por qué no, de empresarios.

Algo parecido ocurrió con la patronal, desde la redacción de la Disposición Adicional sexta en el Estatuto de los Trabajadores. No existe en la práctica un sistema específico de imputación de los porcentajes que la legislación establece para adquirir la condición de más representativo, ya que ni se convocan, ni se celebran oficialmente elecciones a representantes de empresarios. Hasta la fecha, la posición de la organización patronal más representativa la viene asumiendo en nuestro país la CEOE, no habiéndose cuestionado su representatividad, a pesar de lo dicho. El Gobierno dice ponerse del lado del más débil, el desempleado. Pero, aparte de dotar los fondos presupuestarios para posibilitar el cobre de la prestación de los que se hallen en situación legal de desempleo, parece haber renunciado a una política efectiva que facilite la creación de empleo, por su coste político.

La concertación social como tal, ha tenido una capacidad de influencia notable sobre las administraciones, amén de los partidos políticos. Pobre político que falte a un congreso de un sindicato o de la patronal, y además no salga en la foto. Esa influencia, en absoluto se ha correspondido con la eficacia real de lo acordado. Prestarían un gran servicio al país, si dejasen al legislador hacer su función en el ámbito natural del debate parlamentario, esto es en Las Cortes. Posibilitando de esta forma que nuestra legislación laboral sea una herramienta capaz de generar empleo y no una rémora como ocurre en la actualidad.