del Gobierno

El Consejo de Ministros de ayer decidió improvisadamente que el límite de velocidad en las autovías y las autopistas se reducirá de manera transitoria de 120 a 110 kilómetros por hora a partir del próximo 7 de marzo, dentro de un plan de medidas con el objetivo de reducir el gasto de gasolina y gasóleo. El portavoz y ministro del Interior, responsable por tanto de la seguridad vial, especificó que la medida afectará a «todas las autovías y autopistas de España, con independencia de que la titularidad sea del Estado y de las Comunidades Autónomas», y aclaró que con carácter urgente se acometerá un cambio de señalización en las vías para adoptarlo a la nueva limitación. Además, se decreta el abaratamiento asimismo transitorio en un 5% en el precio de los billetes y abonos de tren de Cercanías y Media Distancia, y la elevación al 7% en el porcentaje de mezcla de biodiésel (actualmente es del 5,8%). El disparate, adoptado precipitadamente y sin ver siquiera la evolución de los acontecimientos en Libia, tiene en esta ocasión diversos matices. En primer lugar, con la reducción en 10 kilómetros por hora del límite de velocidad en autopistas y autovías el Gobierno prevé reducir un 15% el gasto en gasolina y un 11% en gasóleo. Estas cifras son absolutamente inverosímiles porque el consumo total de carburantes apenas se verá afectado por la limitación de la velocidad punta en autovías. En segundo lugar, habrá que medir muy bien el gasto en adecuar la señalización vial para que no se coma el ahorro generado. Por último, la ligereza con que se ha adoptado esta medida, sumamente molesta para los atribulados ciudadanos, es un insulto a la paciencia de una sociedad harta de proscripciones gratuitas y de volubles ocurrencias del Ejecutivo. Con toda la razón, el portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial, Federico Souvirón, ha criticado la decisión gubernativa, que ha calificado como «último disparate» del Gobierno. El diputado ha subrayado que «de nuevo se pone en evidencia ante los conductores que parece que son ciudadanos de segunda, sin más derecho que estar a las normas que les impone el Gobierno». De cualquier modo, es letal para la mayoría gubernamental esta clase de arbitrariedades en estas vísperas electorales.