«Cuesta confiar en la justicia tras esperar 11 años para volver a mi casa»

María José Figueroa, una vecina de la Barca de la Florida, de 39 años, conoce mejor que nadie lo lenta que puede ser la administración de Justicia. De hecho, su caso puede ser calificado el colmo de la paciencia: durante los últimos 11 años ha peleado en los juzgados por lograr la parte que le corresponde de una vivienda que construyó en la pedanía jerezana y que, al divorciarse, se quedó su exmarido.

Según la liquidación de gananciales, a ella le correspondía la mitad del valor. Pero desde que se formalizó el divorcio -en concreto en el año 2000-, María José no sólo no ha disfrutado de la casa, ni ha recibido el dinero que le corresponde, sino que para colmo ha sufragado ella sola la hipoteca que habían contratado para levantarla.

La guerra en los tribunales que ha librado durante la última década ha pasado por varias batalla. María José ha ganado prácticamente todas, pero aún no ha logrado salir victoriosa.

Solo por poner un ejemplo, tuvo que demostrar hasta en dos ocasiones que la vivienda había sido comprada por el matrimonio, ya que su exsuegra declaró que era de su propiedad para evitar la liquidación. Los jueces le dieron la razón a la denunciante hasta en dos veces, pero el ardid logró que el proceso se eternizara en los juzgados durante casi una década.

En 2008, cansada de esperar, Figueroa demandó de nuevo a su ex marido para que le diese su parte. Pero tuvo que esperar otros dos años más a que un juez tomara la decisión de embargar la vivienda para que el pago se llevase a cabo.

A pesar de todo eso, la situación más surrealista que ha llevado a María José a perder su confianza en la Justicia se ha dado de un año para acá: en abril de 2010, tras una subasta en la que nadie pujó, se adjudicó la casa a la jerezana como pago de la deuda del divorcio. Pero desde entonces, todos los intentos de echar a su ex marido han sido infructuosos, gracias a nuevos ardides, pero sobre todo a la lenta actuación de los juzgados.

En el primero de los desahucios, por ejemplo, «la pareja de él aseguró que vivía en la casa con sus hijos; así que el levantamiento se aplazó durante un mes para que buscaran una nueva vivienda», recuerda María José.

En el segundo desahucio, ya en enero de este año, fue la hermana de su expareja quien alegó que «aquella casa no era la que tenían que desalojar» y llegó incluso a presentar un número de catastro distinto para justificarlo. La jerezana aún no se cree la respuesta del juzgado: «Como tenían dudas, suspendieron de nuevo el levantamiento».

Dos semanas después -el pasado día 28 de enero-, se señaló un tercero y último desahucio. Pero de nuevo, tampoco se llevó a cabo. En este caso, sin embargo, el nuevo escollo procedía de los juzgados y no de su antigua familia política, ya que el juez de primera instancia que había ordenado el desalojo se echó atrás en el último momento, porque no era el competente en este asunto: según argumentó, los divorcios y sus consecuencias deben ser llevadas por el juzgado de Familia de Jerez. Pero, para colmo de males, este último también se negó a asumir el desahucio.

En apenas una semana, el caso ha saltado ya tres veces de un juzgado a otro, sin que ninguno de los dos se quiera hacer cargo. Finalmente, el juez decano ha ordenado que la cuestión de competencia la decida la Audiencia Provincial de Cádiz, donde ha recaído la causa a la espera de un nuevo juicio, para desesperación de María José: «Estoy cansada ya de denuncias. No voy a terminar nunca. Mi abogada dice que es el caso más largo que tiene de su carrera».