Los dolores de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el martes ante los líderes empresariales que en seis meses estarán finalizadas las reformas que necesita la economía española, que negocia contrarreloj para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. Entre ellas las de carácter laboral, las que más disgustos le están ocasionando. Por ello trata de lograr el aval de los sindicatos, que se sienten traicionados por un presidente de Gobierno socialista, a los cambios que van a adoptarse y cuya medida estrella es la jubilación a los 67 años.

La reforma laboral «ha llegado para quedarse», sostiene desde su acceso al cargo, con el ministro Valeriano Gómez, la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez. Sin embargo, enfatiza que no solo la concreción del despido por pérdidas económicas está encima de la mesa de negociación abierta con los sindicatos, sino que esta incluye también los temas laborales pendientes, como la reforma de las pensiones, las políticas activas de empleo o la negociación colectiva.

El Gobierno, asegura Rodríguez, tiene identificados 19 capítulos donde hay margen para «un trabajo de futuro, por medio de la concreción y los detalles». No es lo mismo que en el reglamento de los ERE se exijan pocos requisitos para acreditar pérdidas previstas en las empresas, considerado motivo de despido objetivo -solo 20 días de indemnización por año- que ser más rigurosos. El Ejecutivo ya ha hecho un gesto a CC OO y UGT al desvelar que no bastarán pérdidas coyunturales.

La negociación sigue centrada en las pensiones y la secretaria de Estado es «optimista» sobre la posibilidad de un acuerdo. El primer principio que orienta la posición del Gobierno es que retrasar la edad de jubilación es la forma «más equitativa» de alargar la vida laboral, algo que ve imprescindible. El segundo, que las pensiones de hoy no se van a tocar, ni tampoco a los actuales pensionistas, porque el sistema es de momento sólido. Y, tercero, que la reforma es para que los hijos de esos pensionistas tengan los mismos derechos que sus padres.

La reforma laboral aprobada en septiembre acota el plazo sobre los cambios en la negociación colectiva: el 19 de marzo. El Gobierno, asegura la secretaria de Estado, «no contempla un escenario diferente al acuerdo entre sindicatos y empresarios. Por ello, va a esperar el pacto hasta que cumpla la fecha límite. No obstante, la dirigente socialista no puede eludir su posición sobre el aspecto más polémico: el fin de la denominada ultraactividad de los convenios colectivos, lo que se traduciría en que si la dirección y los trabajadores de una empresa no llegaran a un acuerdo en la revisión de un convenio, las ventajas conquistadas desaparecerían a expensas del nuevo acuerdo, una reclamación de los empresarios. Aunque se resiste a fijar la posición del gabinete sobre un asunto que debe ser objeto de negociación bilateral, asegura que «en las reflexiones del Ejecutivo ni ha estado ni está acabar con la ultraactividad».

La sombra de los mercados planea sobre las reformas que ha realizado y plantea el Gobierno, y Rodríguez no niega su influencia en las decisiones que se van a adoptar. «La situación económica es muy compleja y difícil; no somos Irlanda, pero en este tipo de situaciones todos los gobiernos se ven obligados a tomar decisiones dolorosas». Sin embargo, sostiene, hay que adoptarlas «por puro sentido de país, de la responsabilidad».

Las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro están en vigor. El decreto fue aprobado el 30 de diciembre e incluye, sin un proceso formal de diálogo social por medio, las pretensiones de los sindicatos y de los empresarios. La regulación es equiparable a la europea, indica Rodríguez, que recuerda que ya pueden solicitar autorización y operar, «en colaboración con los servicios públicos de empleo».

Más posibilidades de acuerdo hay en la reforma de las políticas activas de empleo. Se trata de dar un vuelco al sistema, en el que los programas de contratación de los servicios públicos den paso a itinerarios de inserción, menos costosos y con eficacia elevada incluso en tiempo de crisis. Cualquier actuación debe partir de una triple consideración: las necesidades de los desempleados (habrá 3.000 orientadores), del empresario y de la actividad productiva de cada zona. «A partir de ahí hay que ajustar como un guante la actividad formativa, y hasta ahora no ha sido así», explica. Las comunidades autónomas no han tenido libertad para hacerlo, y ahora van a tenerla. Trabajar con el desempleado, con su orientación y formación, permite una inserción laboral del 35%, y es más barato que la contratación de parados que ha predominado hasta ahora, señala.

Otra reforma que prepara el Gobierno persigue «preservar la uniformidad en el tratamiento de las personas en paro de toda España», pero, partiendo de ese principio, «las comunidades han de tener margen para adaptar las políticas activas a sus necesidades específicas», explica. La futura Ley de Empleo fijará derechos y garantías.

«Hasta que no haya recuperación económica no se va a recuperar el empleo», subraya Rodríguez sobre el capítulo más doloroso de su gestión. «Nuestros datos nos indican que la punta del paro está punto de llegar». Marzo podría marcarla. El descenso habitual de primavera podría iniciar el cambio de tendencia aunque, avisa, la bajada será lenta y llevará «mucho tiempo».