La Audiencia Nacional autoriza la marcha por los presos etarras en Bilbao

El juez Santiago Pedraz denegó ayer la petición de tres asociaciones de víctimas del terrorismo para que se prohibiera la marcha a favor de los presos de ETA que hoy recorrerá Bilbao. El magistrado de la Audiencia Nacional alegó que «no hay base» para apreciar que tras la convocatoria, impulsada por una plataforma ciudadana, se encuentre la organización terrorista, se pretenda exaltar la violencia o menospreciar a las víctimas. El juez dio luz verde a la marcha pese a que asume que las «controvertidas» adhesiones al acto pueden ser aprovechadas para otros fines ilícitos, por lo que ordenó a la Ertzaintza que vigile de cerca el desarrollo de la manifestación.

Con el criterio favorable de la Fiscalía y los informes de la Policía Nacional en la mano, para el juez Pedraz «resulta evidente» que los convocantes de la marcha, la plataforma 'Egin dezagun urratsa' ('Demos un paso adelante'), «no tienen ninguna vinculación con ninguna organización ilegal» de la izquierda 'abertzale'. El colectivo está formado por un centenar de personas de la vida política, cultural y deportiva vasca y, entre sus objetivos, reclama una política penitenciaria que ponga fin a la dispersión de los más de 700 etarras repartidos por cárceles peninsulares y extranjeras.

La decisión del juez obvia así los informes de la Guardia Civil y la Ertzaintza, en los que concluían que existen indicios de que «algunos convocantes» han participado como candidatos o interventores de la ilegalizada Batasuna o de sus sucesoras como EHAK (PCTV) o ANV. Una pretensión que ya incluían en sus escritos las tres asociaciones de víctimas del terrorismo denunciantes: AVT, Dignidad y Justicia y Voces contra el Terrorismo.

Ideas comunes

El magistrado analiza las múltiples adhesiones que se han ido sumado a la manifestación de hoy por la tarde en Bilbao y que, según los impulsores, alcanzan los 4.500 personas, entre las que se encuentra los partidos firmantes del acuerdo de Gernika (Eusko Alkartasuna, Aralar o Alternatiba), representantes de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y hasta ocho futbolistas de la Real Sociedad, encabezados por su capitán, Mikel Aramburu.

De estas adhesiones, comenta el juez, no consta que se hallen vínculos con organizaciones ilegalizadas, aunque sí una coincidencia de «ideas» entre unos y otros con respecto a la reivindicación de la marcha: la modificación de la política penitenciaria para acercar a los presos a las cárceles del País Vasco.

Una exigencia que, por otra parte, «no es ilegitima, al ser obvio que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas por más que estas se alejen o pongan en duda el del marco constitucional», en el caso de calificar a los presos como «políticos», admite el juez. Es por ello, continúa, que tampoco cabe asemejar esta convocatoria con las realizadas anteriormente por el colectivo de familiares de presos Etxerat. La última fue prohibida por el juez Ismael Moreno porque en enero de 2008 se exhibieron fotos de etarras.