El salario mínimo sube un 1,3% y se sitúa en 641,40 euros mensuales

El Gobierno aprobó ayer la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2011, que quedó fijada en 641,40 euros mensuales, cantidad que supone un incremento del 1,3% respecto de los 633,3 euros establecidos en 2010. La subida supera en tres décimas el 1% que el Ejecutivo planteó en un primer momento a los sindicatos, que rechazaron esa propuesta por considerarla «inaceptable». Tras conocer la decisión final, UGT consideró «injusto e insuficiente» el aumento acordado. Izquierda Unida fue más allá y calificó esta suma de «indignante», «irrisoria» y «golpe a los más desfavorecidos», por lo que exigió movilizaciones sociales.

El aumento sancionado por el Consejo de Ministros queda muy lejos del 8% anual considerado necesario por los sindicatos para alcanzar los 800 euros mensuales, que José Luis Rodríguez Zapatero prometió para el final de su segundo mandato en el debate de su investidura, allá por 2008. Además, el SMI todavía sigue muy lejos de la media europea y no llega al 40% del sueldo medio en España.

Con carácter general, esta renta básica será el año próximo de 21,38 euros al día o de 641,40 euros mensuales. En cómputo anual en ningún caso podrá ser inferior a los 8.979,60 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, el salario no podrá ser inferior a 30,39 euros por jornada. Por último, para los empleados de hogar la cuantía establecida es de 5,02 euros por hora trabajada.

Conscientes del difícil contexto económico, CC OO y UGT no se hacían demasiadas ilusiones en torno a esta subida, pero denuncian que este repunte podría encerrar, en realidad, una pérdida de poder adquisitivo, pues según sus cálculos los precios subirán en torno al 1,5% de media el año próximo. Las estadísticas oficiales muestran que sólo 200.000 personas empleadas a tiempo completo perciben el salario mínimo, pero el papel de este indicador es más amplio, pues sigue siendo el 'suelo' de bastantes actividades y sirve como referencia para el cálculo de rentas para el acceso al subsidio por desempleo.

Poder de compra

El Gobierno se defiende y recalca que el SMI acumula desde 2004 una subida superior al 37%, desde los 460,50 euros mensuales en el momento en que el PSOE llegó a la Moncloa, hasta los 641,40 del año que viene. Además, sostiene que coincide con la subida salarial pactada en los convenios colectivos. En su discurso de balance del año, el presidente del Ejecutivo defendió que los incrementos de los siete últimos ejercicios han permitido al SMI ganar diecisiete puntos de poder adquisitivo. Entre 1996 y 2004 -es decir, durante los dos mandatos de José María Aznar- el SMI perdió cinco puntos de poder de compra. Esos datos, señaló Rodríguez Zapatero, describen «por sí solos» el esfuerzo realizado por su gabinete a favor de las personas menos pudientes.

El Real Decreto que regula el SMI incorpora en 2011 una novedad derivada de la modificación del Estatuto de los Trabajadores, que se traduce en la exclusión de los pagos en especie del salario mínimo. En la práctica, significa que el empleador deberá abonar a sus trabajadores, al menos, la cuantía íntegra del SMI en dinero, sin poder computar como una parte de él la valoración de otras percepciones como alojamiento o manutención, entre otras.

Agencias de colocación

El Ejecutivo dio luz verde también ayer un Real Decreto que regula el funcionamiento de las agencias privadas de colocación, tal y como estableció la reforma laboral aprobada en septiembre. Los servicios que presten estas oficinas deberán de ser gratuitos para los trabajadores. Además, estarán obligadas a atender a todos los parados, sin discriminación, y podrán realizar actividades de intermediación laboral, orientación, información profesional y selección de personal.

En teoría, el negocio de estas agencias se basará en la posibilidad de cobrar a las empresas por facilitarles los trabajadores que mejor se ajusten al perfil que demanden. En la práctica, el decreto no garantiza que después los empleadores no descuenten del sueldo de los nuevos contratados las cantidades abonadas a los intermediadores.

El Gobierno cumplió así el plazo marcado en la ley de medidas urgentes para reformar el mercado laboral aprobada en septiembre.