Mariano, con las dos manos hombre

Tanto para apoyar iniciativas legislativas necesarias, como para oponerse al sin fin de cosas mal hechas y peor planteadas, se requiere el concurso de las dos manos. Representan éstas contundencia y claridad en los posicionamientos políticos. Una sola mano pues, no es recomendable, implica falta de claridad, de la misma forma que tampoco lo es caer en la contradicción con las políticas naturales según la doctrina que inspira cada credo político. El mensaje populista es lo peor que le puede ocurrir al PP, que sin duda le ocurre en ocasiones. El centro político no existe. Pero modera los planteamientos antitéticos de la izquierda y derecha. Estado o individuo. Intervencionismo público o libertad individual. Dos opciones legítimas sin duda, incluidas sus opciones descafeinadas. Son precisamente sus contradicciones impuestas por los hechos, por el propio ejercicio del poder y por conseguir los votos situados en esa supuesta nebulosa llamada centro, las que desvirtúan planteamientos políticos legítimos, pero antagónicos. Ahora más que nunca, la oposición debe ser implacable, hasta reventar con argumentos al adversario, pero cuando hay que apoyar una iniciativa legislativa, incluso yendo más allá de la misma, se va con todas las consecuencias. Lo que no puede ser es oponerse ahora, para desdecirse cuando próximamente se gobierne.

Dos son los acontecimientos actuales en los que el PP, a través de su jefe de filas, debe mostrar públicamente que actúa con las dos manos y además debe alardear de ello sin complejo. Los complejos son malos en política y la derecha española sabe mucho de ello, por haberlo padecido y padecerlo. Espero que el presente se torne en punto de inflexión y el actuar futuro sea el de las dos manos por delante. La seguridad jurídica, reflejada ahora en el acatamiento, respeto y cumplimiento de las sentencias y la reforma del sistema de pensiones públicas. Dos supuestos que no admiten tibieza en el posicionamiento. Veamos cada uno de ellos.

La problemática de la pensión de jubilación puede ser enfatizada como un viejo problema de una vieja población. Todos los sistemas de Seguridad Social Europeos que nacieron allá en los años cincuenta sobre las premisas del 'Estado del Bienestar' y con la implantación para su desarrollo fácil y rápido de un sistema financiero de reparto, están tocados y el español no es una excepción. Las reformas requeridas para proyectarlo para el futuro son imprescindibles, porque va en ello poder seguir viviendo nuestros mayores en condiciones dignas. De no hacerlo, pasaremos a sobrevivir, que no vivir, más pronto que tarde cuando lleguemos a la jubilación. Además, la trascendencia de contar con un modelo de Seguridad Social acorde a los tiempos que corren y sus circunstancias, supondrá el impulso en la Unión Europea, que estimulará su propia legislación, que deberá exigir la correspondiente homogenización de las respectivas normativas nacionales, entre otras cosas, además de para exigir garantías de futuro a los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, para garantizar también la libre circulación de personas.

La proyección demográfica de la población española se asienta sobre la base de asignar una esperanza de vida cercana a los noventa y cinco años a los ciudadanos que ahora tienen cincuenta años. Ello supone que habrá muchas más personas percibiendo la pensión de jubilación y por mucho más tiempo. A medio y largo plazo la situación será insostenible sin cambios estructurales que modifiquen el régimen jurídico actual, ya que la previsión efectuada para los próximos cincuenta años presume que el número de pensionistas duplicará al de ocupados. Extrapolando la situación al contexto macroeconómico, supondrá que el gasto en pensiones de jubilación pasará del actual siete y medio del PIB al 18%. La necesidad de reformas incisivas es vital e inexcusable, y pasan por retener en activo a más trabajadores.

El gobierno propone tres cosas: fijar la edad de 67 años, como la determinante del hecho causante de la pensión de jubilación, incrementar de quince a veinticinco el periodo de cotización para el cálculo de la base de la prestación y establecer en dieciocho años el periodo mínimo de alta para acceder a la prestación. Sin embargo, la solución real supone una reforma más profunda, que pasa por incluir, junto al sistema financiero de reparto, el de capitalización. Partiendo del de reparto hoy existente y mediante el establecimiento de un periodo transitorio de no menos de veinticinco años para culminar el proceso, alcancemos un modelo de carácter híbrido que se asemeje al existente en Suecia por ejemplo. Existen muchos otros, pero éste es el más factible, teniendo en cuenta nuestro punto de partida, o sea, el sistema financiero de reparto. Así, la estructura de la pensión de jubilación estaría conformada por una pensión mínima con cuantía determinada por pertenencia a un determinado grupo de cotización, sobre la base ésta de un sistema financiero de reparto y una pensión que complemente aquella, cuya cuantía se conforme mediante un sistema financiero de capitalización, que de titularidad pública, pueda ser gestionado de forma privada o pública indistintamente, a opción de cada interesado-beneficiario.

Ahora las dos manos las debe usar la oposición del PP para exigir sin contemplaciones el respeto al Estado de Derecho, como principio básico constitutivo del Estado español, que propugna como valor superior del ordenamiento jurídico, entre otros, la justicia. El acuerdo soterrado entre CiU y PSC, con el beneplácito del PSOE, que propugna la rebelión contra el Tribunal Supremo, incumpliendo las sentencias que obligan a la Generalitat a garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular, suponen lisa y llanamente una vulneración de la legalidad y la desobediencia a la más alta instancia de la jurisdicción ordinaria española. El artículo 118 de la Constitución exige a todos, incluidos los poderes públicos, acatar, respetar y cumplir las sentencias firmes de los tribunales. Sólo el imperio de la Ley hará posible que España sea contemplada como un país donde prima la necesaria seguridad jurídica, base de la necesaria seguridad económica, demandado por instituciones, empresarios e inversores, para que la economía funcione. Ambas, constituyen la base de la confianza, como valor fundamental de carácter intangible de cualquier sistema económico.

Precisamente confianza es lo que nunca transmitió ZP. De ahí la lamentable situación económica en la que nos encontramos. Desde aquí os deseo a todos «Felis Navidad y brosvero año nuevo». Mi desconfianza con el presiente es tal que me niego a utilizar la Z y la P, para algo tan entrañable como es una felicitación.