Tres de los cuatro funcionarios imputados admiten que vendieron datos personales

Ante las pruebas que les presentaron les quedaban pocas salidas, debieron de pensar tres de los cuatro funcionarios imputados en la macrocausa contra un entramado nacional de empresas que comercializaban con datos confidenciales de miles de ciudadanos. Un procedimiento que ya tiene auto de procesamiento dictado por el juzgado nº 3 de El Puerto y cuyo contenido comenzó a difundir ayer en exclusiva LA VOZ. De las 25 personas imputadas, cuatro de ellas son empleados públicos que sacaban la información de bancos de datos oficiales sin el consentimiento de los titulares. Un mercadeo ilícito de información secreta, a espaldas de sus legítimos propietarios.

Se trata de dos policías que en el año 2001, cuando fueron arrestados, estaban destinados en las comisarías de Jerez y de Ferrol (dos de ellos); más un empleado de la oficina del INEM en la localidad portuense. Salvo el agente jerezano, el resto confesó ante el juez. De ese grupo de sospechosos, había otro policía de El Puerto que no se sentará en el banquillo porque falleció cuando aún las diligencias judiciales se estaban tramitando. Los que sí optaron por no negar la mayor, explicaron al juez cómo sacaban los datos de bancos oficiales de información y los vendían a una persona de contacto. Estos intermediarios la entregaban a otros empresarios, de más peso y con una cartera nacional de clientes, para su reventa a sociedades dedicadas a la elaboración de informes para la banca o directamente a directores de sucursales. Entre esos supuestos traficantes al por mayor, el primero en ser investigado fue el jerezano José C. M., cuya sociedad Inforec se convirtió en la fuente principal del caso, de la que se pudo obtener abundante documentación para que los investigadores llegaran a otras sociedades repartidas en diferentes provincias españolas.

Pero todo empezaba con el 'clic' del ratón que hacían los supuestos suministradores primarios de datos de matrículas, vida laboral o antecedentes; unos empleados públicos que están ahora imputados en dos delitos continuados de cohecho y revelación de secretos. Rafael P.H. trabajaba en la oficina del INEM de El Puerto. Cuando fue detenido admitió que vendía unos mil datos al mes al socio principal de José C. M. (Leonardo N. M.). La información estaba relacionada con altas y bajas en la Seguridad Social. Recibía a cambio, entre 200.000 y 300.000 pesetas al mes (unos 1.200-1.800 euros); de lo que Leonardo se llevaba un porcentaje, según aparece en el auto de procesamiento. Trabajaban con tarifa de 225 a 230 pesetas por dato y supuestamente este empleado del INEM vendió 35.621.

'Sucursal' en Burgos

La misma fórmula se aplicaba supuestamente en otras zonas del país. La investigación llegó hasta una empresa de Burgos (Incibur), cuyo propietario también está imputado, que trabajaba de la misma forma. Mantenía contactos comerciales con la jerezana Inforec. Los pagos que le hizo por información confidencial le implicó directamente en el caso. Pero además de comprar supuestamente material a José C. M., este empresario burgalés tenía su propia red de contactos en el funcionariado. Entre ellos, los dos policías de Ferrol, Juan Carlos C. F. y Alfonso P. M., también imputados.

El otro agente al que le ha salpicado este asunto, destinado en Jerez, aparece en conversaciones grabadas reclamándole dinero al socio de José C. M. y cómo se reunía con él frecuentemente. La investigación se centró en él por sus sucesivas consultas de datos. El auto concluye que pudo haberse embolsado unos 8.000 euros en cinco meses.